Los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales, comenzaron este martes 24 de enero una huelga indefinida que en Aragón obligó a suspender en un solo día 245 juicios y 166.500 procedimientos, así como también provocó la inmovilización de más de un millón de euros (1.290.000) en las arcas de los juzgados aragoneses. El seguimiento de la protesta alcanzó un 81% a nivel nacional, aunque fue algo inferior en la comunidad aragonesa: Zaragoza (53%), Huesca (53%) y Teruel (50%).

Estos datos, facilitados por Carlos Artal, miembro de la delegación en Aragón de la Unión Progresista de Letrados de la Justicia (UPSJ), son el resultado del incumplimiento por parte del Gobierno de España de un acuerdo ya firmado en abril de 2022 entre los sindicatos de este cuerpo funcionarial y el Ministerio de Justicia. Dicho acuerdo ratificó una adecuación salarial a estos funcionarios tras haber asumido varios cientos de competencias más desde 2003 como, por ejemplo, la admisión de demandas, la ejecuciones –«sobre todo, en civil»– y los señalamientos. Han pasado nueve meses y este acuerdo todavía no se ha cumplido a pesar de los paros ya convocados el 24 y 25 de noviembre y el 14 y 15 de diciembre.

En el caso de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la primera jornada de huelga se saldó con la suspensión de tres juicios: dos por un delito contra la salud pública y un tercero por estafa. Según pudo saber este diario, esta última vista quedará aplazada a mediados de abril pues se trata de la primera fecha a partir de la cual todavía no se ha señalado ningún procedimiento.

Ante la posibilidad de que la huelga se pueda desconvocar en cualquier momento, las partes implicadas en las causas tienen la obligación de personarse ante el juzgado. De hecho, es lo que sucedió ayer en la sala 1 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se había señalado un juicio por estafa a las 10.00 horas ante la Sección Primera. Desde Tarragona se trasladó Juan Paul B. M., acusado de haber estafado 70.984 euros y ya condenado por otras tres estafas en mayo de 2017 y noviembre y diciembre de 2018. Este joven de 34 años afronta cinco años de prisión por un delito continuado de estafa y deberá hacer frente durante nueve meses a una multa con cuota diaria de diez euros, lo que supone un montante de 2.700 euros. Esta es la pena que solicita el ministerio fiscal, que también incluye el abono de los 70.984 euros estafados.

Misma situación se repitió en otras sedes judiciales de la comunidad. De todas ellas destacó la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, que amaneció con las habituales filas de ciudadanos pendientes de entrar para asistir a juicio. Salieron visiblemente enfadados porque nadie les había avisado que habían dejado de hacer sus quehaceres habituales para nada.

Efecto dominó

Estos aplazamientos se van a continuar encadenando durante los próximos días y se deberán conjugar con los nuevos señalamientos. Es decir, cada día de huelga irá retrasando las nuevas fechas de estos aplazamientos. Precisamente, esto es lo que teme la abogada Sara Madurga, que ayer vio cómo le fue suspendida una ratificación de un pacto de relaciones familiares ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1. Madurga explicó que será difícil encajar estas nuevas fechas ya que se deberán tener en cuenta «guardias» y «otros señalamientos ya acordados» en la agenda de los abogados. Todo ello, continuó esta letrada, va a provocar que acordar las nuevas fechas de los juicios suspendidos se convierta en «un encaje de bolillos».

Todavía faltan trece días para un juicio que tiene señalado en la Audiencia de Zaragoza, pero ya teme «que se pueda suspender». De ser así, ese 6 de febrero sería la décima jornada de huelga y la nueva fecha de celebración de este juicio se podría extender mucho más de esos mediados de abril.

Servicios mínimos

La convocatoria de esta huelga indefinida garantiza unos servicios mínimos en algunos casos como, por ejemplo, los servicios de guardia, las medidas cautelares o provisionales, los juicios orales del orden penal o cualquier otro acto o comparecencia en causas con preso y las actuaciones relativas a la violencia de género en los juzgados de violencia sobre la mujer, así como los asuntos con menores o personas vulnerables. Atendiendo a estos criterios, se han fijado unos servicios mínimos de un 10% en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de otro 10% en las Audiencias Provinciales. Respecto al Juzgado de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer o de Primera Instancia, se ha fijado un secretario por cada cinco juzgados, al igual que en los Juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria.

La manifestación convocada en Madrid fue tildada de éxito pues reunió cerca de mil secretarios judiciales, lo que supone un 15% de la plantilla. Casi uno de cada cinco se desplazaron a la capital, contando con que algunos de ellos tuvieron que cubrir los servicios mínimos.