Aragón desatasca el aluvión de renovables pero tumba 118 proyectos

El Gobierno de Aragón ha logrado resolver en plazo la totalidad el alud de proyectos renovables que tenía en tramitación, miles y miles de megavatios (MW) en instalaciones sin construir, pero con derecho de conexión a la red eléctrica, que corrían el riesgo de caducar ayer si no contaban con la autorización ambiental. Aunque el 100% de los expedientes se ha solventado a tiempo, no todas las solicitudes han pasado el filtro del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que ha denegado el permiso a 118 plantas, 102 de ellas fotovoltaicas y 16 eólicas, según los datos facilitados a este diario por este organismo.

Los proyectos desestimados suponen el 17.5% de total de 672 expedientes para la instalación de renovables en la comunidad que ha dictaminado el Inaga en la presente legislatura, 554 de ellos en los últimos siete meses. Esta cifra incluye tanto las solicitudes de competencia autonómica (menos de 50 MW) como las que corresponde tramitar al Ministerio de Transición Ecológica por superar esta cifra de potencia o tratarse de complejos ubicados en varias comunidades. En estos últimos casos, el informe de la autoridad ambiental aragonesa es solo preceptivo y la última palabra para la concesión de la autorización la tiene el Estado.

554 plantas autorizadas en Aragón

El instituto dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico sí ha dado el visto bueno a 430 proyectos para la instalación de placas solares y 124 para la implantación de aerogeneradores. En total, 554 plantas de energías verdes. El volumen total de los expedientes resueltos –incluyendo los que tienen resultado negativo– equivale a 31.000 MW, de los que 12.000 son de autorización autonómica. El Inaga no precisa que volumen de estos megavatios han sido denegado.

El Gobierno fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa previa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) que dura cinco años. De lo contrario, la licencia caduca de forma automática (lo que implica volver a empezar de cero los trámites y dejar el punto de conexión libre para otro proyecto) y los avales depositados por los propietarios de los parques se ejecutan. El objetivo de este mecanismo es evitar la especulación al arrinconar a aquellos promotores sin un proyecto firme.

Refuerzo del servicio

Este miércoles 25 de enero caducaba el plazo de obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) de cientos de proyectos en España –60 gigavatios solares y 19 eólicos– después de que el Gobierno diera una moratoria de nueve meses el año pasado. Pero hace unos meses, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que no habría una nueva prórroga.

El Inaga ha trabajado a destajo para cumplir el último hito administrativo fijado por el ministerio. Prueba de ello son las publicaciones del Boletín Oficial de Aragón (BOA) de los últimos días, que recogen decenas de autorizaciones ambientales concedidas a contrarreloj. En todo caso, Aragón ha conseguido cumplir los trámites, algo que no pueden decir todas las comunidades, como Galicia, Murcia y Cataluña, que han dejado declaraciones sin resolver.

El organismo autonómico puso en marcha en junio de 2022 el área ocho, responsable de la energía renovable desde ese mes, lo que ha permitido desarrollar «un modelo más eficiente», destacan fuentes de la DGA. Prueba de ello son los 554 expedientes autonómicos (430 fotovoltáicos y 124 eólicos) que se han resuelto en los últimos siete meses, desde que entró en servicio esta unidad de trabajo.

Este área ha estado compuesta por cinco personas (dos asignadas desde el Departamento de Agricultura) y ha incluido la contratación de cinco empresas externas para apoyar la gestión. Esto ha permitido, destacan desde el Inaga, «garantizar la seguridad jurídica en todo el proceso y mantener el trámite de audiencia en la aprobación de los expedientes».

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