La crisis del PAR sigue dirimiéndose en los juzgados, todavía pendientes de la resolución de la Audiencia Provincial, que debe pronunciarse sobre el recurso a la sentencia que invalidó el XV Congreso, presentada por Alberto Izquierdo y que supuso la ruptura dramática con los oficialistas de Arturo Aliaga, que acabó expulsado de la dirección con una moción de censura.
Este martes llegó al juzgado la vista por la demanda de cuatro militantes próximos a Aliaga que reclamaban medidas cautelares en contra de las resoluciones de la actual Ejecutiva, la dirigida por Clemente Sánchez-Garnica, ya que defienden que esta solo puede actuar "en funciones", y no tomar decisiones como una moción de censura o la conformación de listas electorales.
Desde la actual dirección del PAR aseguraron que esta demanda responde a un "uso malicioso de la justicia por gente que tiene un pie en otro partido y que intenta por todos los medios que el PAR no se presente a las elecciones".
"Nosotros hemos defendido que una Ejecutiva en funciones no existe en nuestros Estatutos ni en la ley de partidos y que tenemos plenas funciones", señaló Luis Estaún.