El 'tapón' administrativo de la DGA en la construcción de vivienda hace que peligren 5.000 empleos

El sector de la construcción en Aragón está que trina con el tapón administrativo que viene sufriendo con la tramitación de visados y certificados oficiales relacionados con la vivienda pública y privada. Hasta el punto de que este viernes salieron públicamente a denunciar que de nada sirven los grandes anuncios de creación de pisos de VPO o de alquiler asequible para jóvenes mientras hay expedientes que, en el peor de los casos, tardan más tiempo en realizarse que la propia ejecución de las obras.

Un malestar que, en su opinión, justifica junto a la escasa apuesta por la creación de nuevos bloques con iniciativa pública la caída tan importante de nuevos hogares que ofrecer a los jóvenes y a la población en general. Que no es una cuestión de asegurar a las empresas más beneficios sino de procurar viabilidad a cualquier inversión. Y que está en juego algo más: los 5.000 empleos que están en riesgo si no se adoptan medidas.

Son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de la comparecencia conjunta que celebraron este viernes los representantes del Consejo Aragonés de Cámaras de Aragón, CEOE, la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza y el Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos para presentar un documento con 240 propuestas que se van a dirigir al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón para que se tengan en cuenta antes de la cita electoral. 

Caída del 17% de visados

Se trata de un informe que consta de 16 apartados diferentes y que suscriben colectivos de diferentes ámbitos. Desde los colegios de aparejadores, arquitectos, ingenieros de caminos canales y puertos, o ingenieros industriales; a los sindicatos CCOO y UGT; y organizaciones como las asociaciones de excavadores, de fabricantes de maquinaria, empresarios de la construcción (CEAC) y autónomos (UPTA). Con varios indicadores que invitan a la reflexión, como que la actividad en la construcción de obra pública ha caído a nivel de visados generales «un 17%» en la obra pública y hasta un 27% en obra nueva en general. Y, tal y como recordó Juan Carlos Bandrés, presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza, «si los visados caen, la actividad también». 

«No estamos pidiendo que se ejecute todo lo que se decide, sino que se cuente con estas posturas del empresariado para ser lo más operativo posible y no tener sorpresas», sostuvo Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Aragón. «Es importante que nos dejen hacer las cosas y que nuestras empresas lo hagan con la competitividad que requiere el mercado», añadió el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo.

El presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza subrayó la «preocupación» por un sector que no hace tanto vivió años dramáticos como los que siguieron al estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, perdiendo «talento y capital». «La tasa de paro está bajando y el número de afiliados se ha incrementado, pero en la construcción no se dan esas buenas noticias. Parte de esas se deben a la inflación, los costes financieros y los sobrecostes», señaló.

"Que nos dejen hacer"

Bandrés reconoció que «el sector no quiere incrementar costes en los productos ni que los edificios públicos, sectores industriales, residenciales e infraestructuras tengan que subir de precios», sino que «no suponga un aumento del coste» porque «sería un callejón sin salida». Ante ello, explicó que quieren solicitar a la Administración que «nos dejen hacer» porque «viven en otro mundo y de espaldas». 

De ahí el motivo por el que ahora se dirigen al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza para modificar cuestiones relacionadas con la gestión de vivienda de protección oficial porque «no entendemos que los expedientes tarden tanto en ser revisados y tiene que haber una defensa del consumidor», recalcó Bandrés.

En esta línea, el documento pide que el Colegio de Arquitectos cuente con las competencias necesarias para llevar a cabo el análisis de estos proyectos de protección oficial de forma independiente y que el dinero se destine a avales para gente joven. «En vez de pagar una subvención esté pagando su propia casa y esté ahorrando», apuntó.

«Este documento es una oportunidad de mejora, de generar riquezas en el sector, de dinamizar y de que la sociedad viva en unas condiciones más saludables, confortables y económicamente más viables. Hay posibilidad de ahorro de 500 millones de euros al año si se acometen estas rehabilitaciones de una manera eficiente», confirmó.

Así, estas propuestas también están relacionadas con la modificación de la herramienta de cálculo de los costes de referencia, la creación de un nuevo agente rehabilitador, la necesidad de tramitar acciones de regeneración urbana para hacer ciudades más modernas y saludables, así como la creación de una nueva normativa autonómica y local.

Juan Carlos Bandrés incidió en la contratación pública y la revisión de precios, ya que «el sector necesita que se establezcan los mecanismos adecuados que eviten que los incrementos de costes de los materiales y la energía deban ser asumidos por las empresas». «Dejemos de hacer política y empecemos a gestionar. Esto nos lleva a licitaciones desiertas y abandono de obras en curso», agregó.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza ha solicitado a la Diputación General de Aragón un cambio urbanístico para construir vivienda en alquiler y una renovación del parque de maquinaria para «ser más eficientes y productivos» y que «el inversor nacional venga también a la ciudad».

El documento ha sido suscrito con vista en las próximas elecciones municipales y autonómicas por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, el Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos, CEOE, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, la Asociación de Empresas Excavadoras de Aragón, Anmopyc, UPTA, Ccaata, Fecza, y las federaciones sindicales CCOO del Hábitat de Aragón y UGT FICA Aragón.