RENOVABLES

Guerra política por las renovables

El Inaga rompe su silencio y asegura que hubo legalidad en la tramitación de los 700 proyectos, pero Azcón insiste en abrir una comisión de investigación y Lambán le anima a denunciar todo en la Fiscalía, donde lo llevó Teruel Existe

Jesús Lobera durante la rueda de prensa y dos estudios de impacto medioambiental realizados por Forestalia por una de las empresas que trabajan para la DGA

Jesús Lobera durante la rueda de prensa y dos estudios de impacto medioambiental realizados por Forestalia por una de las empresas que trabajan para la DGA / ÁNGEL DE CASTRO

L. M. G. / J. H. P.

Las sombras en la gestión del boom de parques de energías renovables en Aragón se instalaron sobre el edificio del Inaga el pasado diciembre. En aquel momento se comenzó a hablar por parte de Teruel Existe de fraccionamiento de proyectos y de conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el instituto habrían realizado la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes. Mientras esto llegaba a la Fiscalía en abril comenzaron los despidos que fueron denunciados por el PP como una «purga» de quienes confrontaban con el director gerente Jesús Lobera. Todo esto lo publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, pero Lobera no rompió su silencio hasta que un medio nacional como El Mundo se hizo eco del caso, para asegurar que se ha trabajado en «la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor». Todo mientras los populares insisten en abrir una comisión de investigación. 

Una tormenta política que se unía a la meteorológica que se podía escuchar en la sala de prensa de la sede del Ejecutivo autonómico en la que Lobera defendió su trabajo, trató de alejarse de su partido, el socialista, con la frase: «No soy un muñeco a las órdenes del PSOE» e incurrió en alguna que otra contradicción en relación con las externalización de la evaluación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. 

Lobera explicó que fue tal el volumen de expedientes a resolver, unos 700, que fue necesario hacer un concurso, en octubre de 2021, para subcontratar a empresas que realizaran informes y evaluaciones ambientales en materia de energías renovables en la comunidad entre ese año y el 2022. Del mismo salieron adjudicatarias Satel y Calidad y Estudios, que ahora están bajo sospecha de incompatibilidad porque trabajan con algunas de las empresas impulsoras de los parques renovables y, muy especialmente con la que mayor volumen de solicitudes ha realizado, Forestalia (la empresa declinó hacer declaraciones a este diario). De hecho, este periódico reproduce dos de los trabajos de Calidad y Estudios para Forestalia. 

Para Lobera no hay mancha alguna pues estas empresas, que fueron contratadas para descolapsar las tramitaciones, supuestamente no lo hicieron y lo asumieron en «un 60%» Sarga, que era la empresa pública a la que se pretendía desatascar, y «el 40% la consultora Vea Qualitas». 

De esta forma, según las explicaciones de Lobera, Satel y Calidad y Estudios habrían cumplido el punto 2.3.3. del pliego de prescripciones técnicas de contratación en el que se señala que «el adjudicatario no podrá informar de aquellos expedientes en los que haya tenido participación directa o indirecta durante la fase de proyecto o tramitación de la actividad solicitada, o bien cuando exista cualquier tipo de relación con el grupo promotor del expediente en cuestión». También señala el articulado que «deberá firmar una declaración de incompatibilidad en los términos expuestos tras la recepción de la documentación de cada expediente». Algo, esto último, que habrían realizado, tal y como destacó el director del Inaga, si bien no mostró ningún ejemplo de ninguna en su defensa durante la rueda de prensa. 

Pese a la incoherencia incurrida, Lobera insistió en que «si no hubiera habido dicha asistencia técnica no se hubiera llegado», mientras incidía en que el plazo para obtener las declaraciones de impacto ambiental finalizaba el 25 de enero y que «es menester obtener la DIA correspondiente», sea positiva o negativa, ya que así los promotores pueden recoger los avales depositados antes en la Administración General del Estado, que pueden ascender a varios millones de euros y en caso contrario el Gobierno de Aragón hubiera sido responsable patrimonial. «Nuestra obligación era llegar en plazo y eso se ha hecho», reiteró, mientras añadía que el Inaga necesitaba «potencia de tiro, capacidad para analizarlos uno a uno para su aprobación» y de ahí la contratación de asistencias técnicas externas, lo que el Instituto suele hacer a través de Sarga. 

Pero por si hubiera alguna duda, Lobera explicó que con la llegada de un nuevo secretario general al Inaga se creó el área de renovables, con un equipo propio de funcionarios «desde el primer instante», de forma que «la recepción de análisis ha sido por parte de funcionarios». Asimismo, señaló que sólo él, director del Inaga, puede firmar las autorizaciones y que es el único responsable de la revisión y redacción de los informes.

Pero Lobera tuvo también que detallar el polémico proyecto Canteras I, de instalación de un parque eólico, pues recibió varios informes desfavorables hasta que fue aprobado. Todo mientras era cesado el anterior secretario general técnico del Inaga y llegaba el actual. Para el director del instituto la explicación está en «el proceso de audiencia en el que los promotores e interesados en el proyecto realizaron para depurar lo que hacía que no pasara la declaración medioambiental». Un trámite que «se puede hacer cuantas veces se quiera».  

Y en medio de todas estas explicaciones hasta en dos ocasiones Lobera nombró a la candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, para decir que ese secretario del Inaga que fue despedido ahora está trabajando en su departamento. Negó que esas insinuaciones fueran a modo de acusación de estar detrás de esta guerra política, pero no fue casual su nombramiento a cinco días de las elecciones. Del cesado aseguró que era un cargo de libre designación y que su salida fue porque «teníamos un problema serio de conciliación de personalidades y de criterios». Curiosamente, desde el Departamento de Agricultura dijeron en su día que respondía a una «reorganización del servicio». Pero ayer no solo habló Lobera, sino también el candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y quien aspira a revalidar su cargo al frente del Ejecutivo por el PSOE, Javier Lambán. El primero pidió al segundo que dé explicaciones sobre la tramitación de las plantas fotovoltaicas y eólicas para despejar «dudas» que rodean las autorizaciones de proyectos. «Esto no tiene que ver con las elecciones, esto tiene que ver con que les garanticemos a los aragoneses que la Administración funciona, que no hay chanchullos y que los proyectos, las garantías y los derechos que tienen los ciudadanos en esta comunidad se cumplan», dijo Azcón. 

Lambán, por su parte, le contestó: «Antes de lanzar ningún tipo de acusación e insidia hay que estar muy seguro de lo se está diciendo y cuando se tienen ideas muy claras de que se ha cometido alguna irregularidad, hay que ir directamente a la Fiscalía».