Los jueces de Aragón reivindican su "legitimidad" ante los ataques "desde los poderes públicos"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio este viernes el pisoletazo de salida al año judicial 2023-2024 y lo hizo reivindicando la «legitimidad» de sus jueces y magistrados frente a los ataques vertidos «desde los poderes públicos» tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y el ahora candente procès catalán. No se llegó a pronunciar la palabra amnistía ni tampoco se mencionó la polémica normativa que ha rebajado la pena a un millar de agresores sexuales en España, pero el presidente del TSJA, Manuel Bellido, sí aludió a ello en un discurso que hizo las veces de alegato en favor de sus compañeros. «Se aprecian desde los poderes públicos otras actitudes que pretenden restar legitimidad al poder judicial, tales como responsabilizar a los jueces de las consecuencias de las leyes técnicamente deficientes o descalificarlos cuando no resuelven determinados asuntos con arreglo a sus intereses o deseos», denunció Bellido.

El presidente del TSJA no escatimó en dar un toque de atención a todos aquellos representantes políticos que tildaron de «machistas» a los jueces y magistrados –«el machismo puede hacer que los jueces apliquen erróneamente la ley», dijo la propia ministra de Igualdad y mentora de la norma, Irene Montero– tras la aplicación del principio de retroactividad por el que se debe aplicar la pena más favorable al reo. Ha sido el resquicio legal de una ley «técnicamente deficiente» por el que han aprovechado para colarse más de 1.000 agresores sexuales e incluso algunos de ellos han salido de prisión antes de lo esperado.

Las palabras de Bellido llegan en un marco de crispación social por la posible amnistía que el PSOE puede llegar a conceder a los prófugos independentistas catalanes, entre ellos Carles Puigdemont, a cambio de la investidura de los socialistas. No en vano, Pedro Sánchez ya se ha retractado de sus palabras –«se les fugó Puigdemont y voy a traerlo de vuelta a España para rendir cuentas ante la Justicia española», le reprochó Sánchez a Casado en un debate electoral en 2019– y esta misma semana defendió que «una crisis política nunca puede derivar en una acción judicial». A ello se refirió Bellido, quien aludió a esa expresión de «desjudicializar la política» y con la que, a su juicio, «algunos pretenden referirse a las sentencias pasadas o futuras del procès».

Así finalizó su discurso el presidente del TSJA, quien ya a su inicio alertó de «los complejos retos» a los que ahora se hace frente y «los que ya se vislumbran en un futuro cercano» porque, a su juicio, «exigen ineludiblemente la toma de decisiones políticas buscando siempre los mayores consensos». Minutos antes, la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada, también trató de reivindicar la «defensa de la legalidad» que tiene encomendada el ministerio fiscal aunque han sido los propios fiscales quienes se han opuesto a la rebaja de penas por la ley del solo sí es sí siguiendo así el criterio del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. «El principio de imparcialidad obliga a actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses legalmente encomendados», argumentó Losada.

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A lo largo de su intervención, el presidente del TSJA enumeró, primero, los proyectos ya desarrollados en los juzgados como la certificación del Esquema Nacional de Seguridad para «seguir avanzando con la incorporación de nuevas tecnologías» o la digitalización de los libros de registro civil y, segundo, aquellos proyectos que se encuentran en fase de planificación como la próxima interoperabilidad con el Tribunal Supremo y con el resto de territorios (Navarra, Cantabria y País Vasco) que disponen del sistema Avantius.

Al igual que ya sucediera el año pasado, desde el TSJA se reivindicó la necesidad de crear dos nuevos juzgados de Primera Instancia en Zaragoza así como también incrementar en un magistrado más las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Tampoco pasó desapercibida la concatenación de huelgas en la Justicia por parte de los secretarios judiciales y los funcionarios, por lo que Bellido apeló a dejar a un lado «la áspera confrontación» de cara a futuras negociaciones para, así, se produzca «la menor afectación posible al servicio público».