La Justicia ya colapsa con una guerra de paros de funcionarios

La Justicia funciona como un «equipo» conformado en primera línea por los jueces y fiscales, flanqueados por un primer cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y un segundo cuerpo de auxiliares judiciales, tramitadores, gestores procesales, médicos forenses y sus ayudantes técnicos. Lo cierto es que los garantes de este derecho fundamental se han rebelado y han alzado la voz contra el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda. Prácticamente a la vez. Primero fueron los secretarios judiciales lo que fueron a una huelga indefinida durante dos meses -desde el 24 de enero hasta el 28 de marzo-, ahora son los cuerpos generales de la Administración de Justicia los que han convocado estos mismos paros durante siete días –4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo– y cabe la posibilidad de que los jueces y fiscales acaben tomando este camino próximamente. Lo mismo sucede con la abogacía del turno de oficio.

Dicen los mentideros que «la Justicia ya está colapsada», por lo que estas nuevas protestas pueden ahondar todavía más en la crisis que sufre la Justicia española. «Un juzgado se hunde en un mes y cuesta levantarlo años», cuentan. «Es un Gobierno que no sabe qué hacer con la Justicia», claman.

EL PERIÓDICO repasa con todos estos cuerpos funcionariales cuáles son sus preocupaciones y pretensiones.

1. Tramitadores, forenses, gestores procesales y auxiliares judiciales

Por escalafones, los tres cuerpos generales de la Administración de Justicia –auxiliares judiciales, tramitadores y gestores procesales– y los médicos forenses justifican sus paros por la imposición de la Ley de Eficiencia Organizativa, la falta de reconocimiento de la carrera profesional y la necesidad de clarificar sus funciones. «Que se reconozca lo que verdaderamente hacemos. Supervisamos todo menos la firma y, si no estuviéramos en los juzgados, no se movería ni un papel», afirma Evangelina Giménez, delegada sindical de UGT en Aragón, enumerando algunas de las funciones atribuidas a estos funcionarios como, por ejemplo, las diligencias de los procuradores y la tramitación de las demandas paralizadas.

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En este sentido, los cuatro sindicatos convocantes de las siete jornadas de huelga indefinida –CSIF, CCOO, UGT y STAJ– solicitan el incremento del complemento general del puesto, es decir, un aumento salarial de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos; 400 para gestores procesales, 375 para tramitadores y 350 para auxiliares judiciales. De todos modos, recalcan, «la mayor preocupación no es el dinero». Si nada cambia, 1.245 efectivos están llamados a la huelga en Aragón: 921 en provincia de Zaragoza, 213 en Huesca y 111 en Teruel.

2.Jueces

Esta misma indignación también invade a los jueces. «La huelga es una opción que nadie quiere, pero pesan los derroteros y la actitud del Ministerio», señala Juan José Carbonero, juez y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Carbonero recuerda que las retribuciones de los jueces quedaron fijadas en el año 2003 por una norma con rango de ley, aprobando también la obligatoriedad de convocar una mesa de composición paritaria con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda.

«De eso han pasado ya 20 años y solo se ha reunido una vez en 2018. Sí que hubo una negociación, pero tuvo una trayectoria muy corta de un solo día. Ahora llevamos un año de conversaciones con el Ministerio y, tras la promesa de convocarla en octubre de 2022, nos enviaron una desconvocatoria de la misma a los dos días del anuncio sin explicación ni motivo», expone este juez. Ahora, añade, les han convocado para el próximo miércoles 3 de mayo. Allí pondrán sobre la mesa el complemento de la carrera profesional –«reconocido, pero sin articular; vacío de contenido»– o las retribuciones variables y de productividad de un 5% a los juzgados.

"El Gobierno no cumple la ley y tiene un serio problema porque no ha sabido dar soluciones a los problemas de la Justicia"

«El baremo de productividad llega a superar el 200% y hemos tenido que ir a los tribunales para que nos reconozcan ese 5%. El Gobierno no cumple la ley y tiene un serio problema porque no ha sabido dar soluciones a los problemas de la Justicia», defiende Carbonero. También solicitarán una revisión de los sueldos de los jueces que salen de la escuela judicial -«ganan lo mismo que hace 23 años»–, tratarán de atajar el «problema grave y severo de rotación de plazas» de algunas comunidades como Cataluña y, ya a nivel de Aragón, tratarán de hacer frente al «problema de desarrollo de la carrera profesional» que provoca «muy poca movilidad en el escalafón».

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A todo ello, añade este magistrado, se suman los problemas derivados de la cuestiones de violencia de género. «Necesitan una atención más específica, continuada e intensa. Es una de las áreas que requiere una vigilancia más exhaustiva, a día de hoy es la punta de la lanza de la Administración de Justicia», justifica. En el caso de que la mesa de negociación fracase al abordar estos temas, los jueces de unos 150 órganos jurisdiccionales de Aragón estarían llamados a secundar los paros.

3.Fiscales

En esta misma mesa de negociación participarán también los fiscales, ya que pertenecen al mismo cuerpo funcionarial que los jueces. «Vamos con el beneficio de la duda y con la esperanza de que se presenten propuestas razonables. A lo largo de los años no hemos utilizado la huelga como elemento de presión ya que tenemos conciencia de servicio público, pero no entienden otro lenguaje. Siempre se nos dice que no hay dinero», sostiene Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Por su parte, solicitarán mejoras salariales, pero también profesionales como, por ejemplo, el estudio de la medición de carreras de trabajo –«que la ampliación de las plantillas se lleve a cabo de acuerdo a nuestras necesidades»–, el vaciamiento de la carrera con jubilación masiva de los nacidos entre 1958 y 1962 y la igualación de la carrera judicial y fiscales entre las categorías segunda y tercera.

4.Abogacía del turno de oficio

Respecto a la abogacía del turno de oficio, Bella Sánchez, delegada del sindicato Venia en Zaragoza, lamenta que sus honorarios están «desfasados» y «congelados» desde el año 2018. A ello, añade, muchos baremos no están contemplados en sus retribuciones como, por ejemplo, las órdenes de protección en materia de violencia de género, las ejecuciones de sentencia, los recursos a lo largo del proceso de instrucción, los exhortos y requisitorios y las cuestiones de extranjería.

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«Tampoco se nos pagan los desplazamientos cuando se suspenden los juicios, como con la huelga de los LAJs. No nos podemos poner malos y en agosto nos tenemos que ir de vacaciones con el ordenador. Somos el último mono y no tenemos el mismo respeto que hace 15 años», denuncia.

Ante esta situación, «insostenible» a su parecer, ya han solicitado una reunión ante el decano del Colegio de Abogados. «De momento no está convocada la huelga y no la vamos a hacer a lo loco; tenemos que estudiar su viabilidad», finaliza.