El pequeño comercio, a la ofensiva tras el revés a La Torre Outlet

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ha declarado ilegal el plan especial que hizo posible la construcción de La Torre Outlet ya es firme y amenaza con poner patas arriba toda la normativa local y autonómica que regula el comercio en Zaragoza y Aragón. Porque, al margen de las consecuencias que pueda tener para el outlet de la carretera de Logroño en las afueras de la capital, este fallo va a convertirse en el aldabonazo definitivo para la ofensiva que prepara el pequeño comercio de la ciudad en todas las direcciones posibles. No solo porque, según defienden ellos, «se retorció en su día la ley para dar un uso dominante al comercio minorista y al sector servicios en unos suelos en los que la predominancia debía tenerla el uso industrial», sino porque constituye el segundo caso en pocos años en los que lo que llaman «urbanismo a la carta» sufre un duro revés en los tribunales cuando tiene imposible dar marcha atrás. «Necesitamos una solución definitiva para que no vuelva a pasar nunca más».

Así lo apuntó ayer a este diario Vicente Gracia, secretario general de Ecos (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia), la entidad que ya judicializó la autorización dada al centro comercial de Utrillas, que fue firme en el Tribunal Supremo en 2015 y que tiene pendiente de ejecutar un resarcimiento al tejido comercial de los barrios. Es la misma que ha conseguido que su recurso contra el plan especial que permitió levantar La Torre Outlet «sea considerado ilegal y declarado nulo de pleno derecho». Y ahora no están dispuestos a esperar otros ocho años para encontrar una solución al daño causado, quieren que sea la última porque, destacó, «este modelo comercial impulsado a golpe de modificaciones urbanísticas ad hoc en favor de los centros comerciales ha destruido más de 3.000 comercios desde 2009, se ha cargado un tercio de los negocios pequeños que había, ya que entonces eran 9.100 y ahora rondan solo los 6.000».

Por eso lo primero que hicieron ayer para valorar el fallo del TSJA es «recordar que es el recurso de Ecos el que ha salido victorioso una vez más», no el de otras entidades políticas y vecinales que, en su opinión, «se han subido al carro cuando fueron desestimados sus recursos», y sobre todo que esta sentencia firme tiene «una importancia fundamental» para que «este Gobierno y los futuros se doten de una seguridad jurídica cuando lleguen nuevos promotores con inversiones como estas». Aunque entienden que para el consistorio ahora dé la sensación de que no pasa nada, porque llega en un momento –siete años después de recurrir, cuatro después de fallar a su favor en primera instancia y tres después de estrenarse el outlet– en el que «hace inejecutable» dar marcha atrás a su construcción.

Tampoco piden demolerlo y comparten la visión municipal de que la modificación aislada que se hizo del Plan General en 2019 «ya regularizaba su situación legal». No tanto, explican, con que algo así se pueda hacer con posterioridad como se hizo y tras una primera sentencia desfavorable del TSJA, en 2019. Esta, en aquellos momentos, no era firme, la «gran diferencia» con lo que ocurrió en el caso del centro comercial de Utrillas, para el que se modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) después de que el Tribunal Supremo diera firmeza con su fallo en contra del proyecto en el barrio de San José.

Pero ahora este revés judicial a La Torre Outlet da más argumentos a Ecos de cara a negociar una solución para resarcirles del daño causado con el caso de Utrillas y «pone sobre la mesa esta nueva sentencia para una reunión que es urgente que se celebre con la alcaldesa, Natalia Chueca». Y da pie a una ofensiva que incluye el Gobierno de Aragón, ya que consideran «imprescindible» una reforma de la ley del comercio de Aragón que blinde al comercio de proximidad frente a «estas amenazas y otras que también existen». ¿Cuáles? «Negocios como el modelo de Amazon o el comercio electrónico que no es ilegal pero sí alegal, ya que en estos momentos hay un comercio de proximidad que cumple con las obligaciones que marca la ley y otros a los que se les proporciona una alfombra roja. Esto no es otra cosa que allanar el camino a un modelo que conlleva salarios bajos, unos impuestos reducidos o exenciones durante unos años y tramitación urgente para atar unas inversiones que prometen que serán millonarias y generarán puestos de trabajo y que luego no siempre se cumplen», expone Gracia.

Ejemplos como el de La Torre Outlet demuestran que «forzar modificaciones de la ley o eximirles de obligaciones para que inviertan en Zaragoza solo va contra el modelo tradicional que sí tributa en la ciudad y se atiene a la legalidad que ya existe, no pide cambiarla a su medida». Además de que lo aplicado para el outlet no ha servido más que para demostrar «que no hay negocio para tantos centros comerciales en Zaragoza, que es la ciudad en España entre las grandes con más metros cuadrados por habitante de este tipo de usos terciarios».

Mientras, en el ayuntamiento ayer la reacción fue seguir en la línea de que no pasa nada con la sentencia firme del TSJA y su responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, y la propia alcaldesa, Natalia Chueca, remarcaron que el centro comercial «no corre peligro». Se amparan en que la modificación aislada del Plan General aprobada con posterioridad al plan especial ahora anulado es la que le aporta la legalidad necesaria para seguir abriendo sus puertas al público.

Un pronunciamiento al que le respondió la plataforma de entidades vecinales que también recurrieron el plan especial, que no solo mostraron su «satisfacción» por el fallo del TSJA sino que le pidieron al Gobierno del PP «más prudencia» con sus afirmaciones. «Lo que ha quedado demostrado es que no se pueden emplear figuras urbanísticas para retorcer la ley», apostilló Manuel Arnal, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), una de las entidades que lo judicializaron.