La adhesión de Zaragoza al sistema Viogén lleva estancada casi un año

Las negociaciones para que Zaragoza se adhiera al sistema Viogén llevan estancadas desde el pasado mes de febrero, cuando el ayuntamiento zaragozano y la Delegación del Gobierno en Aragón reconocieron «disparidades» en la propuesta que llegó a la casa consistorial procedente del Ministerio del Interior. Criticó la por entonces concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, que la misiva incluía un número de víctimas que su cuerpo no podía asumir y, por ello, remitió un nuevo borrador. Casi un año después, fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana admiten que siguen a la espera de que Delegación «responda a la propuesta municipal».

Todo saltó por los aires el pasado 24 de febrero, cuando Cavero compareció en rueda de prensa para denunciar que el ayuntamiento había recibido dos convenios «distintos» que no respondían a «lo pactado» en anteriores reuniones entre ambas instituciones. No existía ningún problema con el convenio destinado al área metropolitana de Zaragoza donde opera la Guardia Civil –los policías locales asumían los casos de riesgo no apreciado o bajo–, pero desde la concejalía se oponían a que los agentes asumieran también los casos de riesgo medio en la ciudad consolidada donde presta servicio el Cuerpo Nacional de Policía.

La respuesta no se hizo esperar al otro lado de la plaza del Pilar y, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, aseguraba que la nota discordante era «salvable» y confiaba en solucionarlo «a la mayor brevedad posible». A fecha de hoy, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana reiteran que la respuesta todavía no ha llegado –«el Gobierno municipal insiste en su vocación por adherirse en las condiciones adecuadas y viables», añaden– por parte de la institución que tiene la «competencia» en esta materia.

Precisamente, desde Delegación aseguran ahora que las conversaciones se retomarán a lo largo de las próximas semanas una vez recibida la contrapuesta del ayuntamiento el 24 de febrero. Esa misma mañana, Beltrán señaló que el convenio debía someterse a «revisión» para luego «sentarse a ver qué es asumible» y, así, rubricar la adhesión de Zaragoza a Viogén «lo antes posible».

La negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a asumir los casos de riesgo medio radica en que este nivel lleva aparejadas una serie de medidas obligatorias que no se incluyen en el riesgo no apreciado o bajo como, por ejemplo, la vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima o su acompañamiento en actuaciones de carácter judicial, asistencia o administrativo.

Este rango también incluye una entrevista personal con la víctima y la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales a la entrada y salida de los centros escolares de los hijos. Una mayor carga de trabajo que, insisten desde el consistorio, es incompatible con una plantilla mermada por la falta de convocatoria de plazas. Desde 2008 hasta 2019 solo se incorporaron 17 agentes.

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