El 'impasse' laboral atenaza con dudas el futuro ‘verde’ de Andorra

Andorra quiere desatar a la voz de ya el nudo de su futuro. Quiere hacerlo de inmediato porque siente que nada avanza, lo que no despeja la incertidumbre que acompaña desde hace décadas a los vecinos que no quieren marchar de casa pero que perdieron su trabajo con el fin del carbón y andan en busca de la perdida estabilidad laboral. Sucede que han pasado 365 días desde la presentación de las dos grandes inyecciones llamadas a revitalizar un territorio quemado: el Convenio de Transición Justa, que se presentó un 21 de noviembre con la ministra, y el plan socioeconómico de Endesa para el Nudo Mudéjar, presentado en sociedad el 15 de diciembre. El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transición Ecológica habrán comprometido en 2024 al menos 104 de los 204 millones que constan en el convenio. La mitad en dos años. Endesa tiene previsto invertir 1.700 millones de euros, pero el proyecto, según denuncian sindicatos, empresarios y alcaldes, no termina de arrancar. No al menos a la velocidad que necesitan unas comarcas zaheridas desde la estocada final al carbón anunciada allá por el año 2016.

Ocurre que el desmantelamiento de la central térmica, clausurada en junio de 2020, anda ya por el 90% del proceso después de haber empleado a cerca de 300 personas en el pico de actividad, con la demolición de las torres de refrigeración o de la imponente chimenea de 343 metros de alto. Pero ahora la actividad es menor y los contratos irán expirarando, por lo que la media de trabajadores se ha rebajado a unos 145, según fuentes de Endesa. En paralelo, unas 200 personas se dedican a la instalación del parque renovable que la multinacional energética está instalando en la villa minera tras adjudicarse la gestión del Nudo Mudéjar. La suma se acerca a los 534 empleos enterrados por el fin del carbón. Esos eran estables y fuente de riqueza. Las condiciones de los nuevos están por ver.

«Vemos a Andorra con preocupación porque parece que el Nudo Mudéjar se ha estancado un poco o al menos se ha ralentizado. El desmantelamiento se está acabando, pero la creación de los empleos estables no va acompasada a la necesidad de empleo», explica Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel y delegado estatal de Endesa. «La gente se sigue yendo porque no ve moverse la tierra para que se instalen todas las empresas anunciadas. El convenio de Transición Justa sí que está ahí y parece que va funcionando, pero en general, seguimos como en 2019», resume Galve, una frase que bien puede servir para otros sindicalistas o empresarios de la zona consultados en este artículo.

Todos ellos se muestran preocupados por el largo y tenso impasse que ahora se abre en Andorra hasta que las industrias prometidas, al menos cinco grandes que generarían 900 empleos estables, se asienten en el territorio y devuelvan la estabilidad a un territorio que tuvo hace no tantos años la mayor renta per cápita de todo Aragón.

La preocupación es latente en el territorio porque «todo va despacio» pese a que el goteo de inversiones está cayendo sobre la tierra. El convenio de Transición Justa contemplaba 91 millones de euros puestos por el Gobierno de Aragón y 103 por el Ministerio de Transición Ecológica. Por parte de la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Fomento va a publicar convocatorias en 2024 por valor de 34 millones de euros. La DGA sacará convocatorias en el año 24 por valor de 34 millones. La línea más importante repartirá 25 millones en concepto de ayudas al desarrollo de las pymes en Teruel y se publicará en el primer trimestre del año. Los nueve millones restantes se destinarán a la mejora de la eficiencia energética para las grandes empresas de la provincia.

Jaque mate al carbón en Andorra

Por su parte, el Instituto de Transición Justa que dirige Laura Martín acaba de publicar la actualización del informe de seguimiento del convenio en Aragón. En él se recogen una memoria de actuaciones cuya suma monetaria alcanza los 70 millones de euros desde 2019, cerca de los 103 que se comprometieron a otorgar. La mitad, unos 34 millones, se han destinado a ayudas directas para 78 trabajadores de la minería, mientras que otros 19,8 millones han ido a parar a la restauración de las minas Carmen y Pura, Mi Viña y Santa María, ubicadas en Foz Calanda, Estercuel y Ariño, que contemplaba la creación de 68 puestos de trabajo directos y otros 67 en base a subcontratas.

Además, se han destinado siete millones a impulsar 18 proyectos empresariales que supondrán la contratación de 157 personas, según los datos del ITJ. También se destinaron 9,1 millones de euros a la rehabilitación de infraestructuras sociales, ambientales y digitales en 14 municipios de las comarcas mineras, como la reconversión del edificio Atrapasueños de Escatrón en un espacio joven o un centro de I+D en Calanda.

El mar de dudas

Sin embargo, un mar de dudas y cautela sigue inundando las comarcas mineras. «Nadie duda del pacto por el territorio y de que los empleos, aunque no sean todos los prometidos, llegarán. Sin embargo, hay una indecisión política que impide que esto se desarrolle con cierta normalidad. O nos movemos ya o cuando lleguen las empresas no habrá gente para trabajar. Necesitamos seguridad jurídica para que se ejecute lo comprometido y pactado. O nos tomamos todos muy en serio o se decidirá desde Madrid o Italia o seremos meros espectadores de lo que harán con nuestro territorio», critica Roberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios de Andorra Sierra de Arcos.

A lo que se refiere el empresario andorrano se resume en que Andorra sigue inmersa en un océano de incertidumbre pese a su «optimismo prudente». Y en eso coincide con él Darío Sanz, el secretario general de CCOO del Bajo Aragón Histórico, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. «Ojalá lleguen todos los proyectos prometidos con sus empleos, pero esto va muy lento. Estamos aferrados ahora a la instalación de las placas solares de Endesa, que son como un flotador para que la gente no se vaya en este impasse», dice Sanz. Insiste el sindicalista en mostrar su confianza en que los empleos «tienen que llegar», pero apremia: «Las empresas llevan su ritmo de implantación, pero los trabajadores tienen que comer todos los días. Y si tienen que buscarse el sustento fuera, se corre el riesgo de que no vuelvan», lamenta Sanz.