La empresa que construye el edificio de Primaria del colegio Ana María Navales se declara insolvente

Nuevo contratiempo en el colegio Ana María Navales de Zaragoza. La empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), encargada de las obras del edificio de Primaria, se ha declarado en situación de insolvencia, una situación que deja en el aire los trabajos y lo que es más importante: ¿para cuándo estará terminado el aulario de Primaria? Las obras llevan paradas varios días y fuentes del Departamento de Educación ya reconocen que tendrán que buscarse "espacios alternativos" para el inicio del curso escolar 2024-2025.

Ante esta situación, el departamento que dirige Claudia Pérez Forniés ha iniciado el procedimiento para poner fin al contrato de obras con la compañía, encargada también de las obras de Infantil. De hecho, hay zonas del aulario de Infantil que no se han rematado, tal y como vienen denunciando las familias desde hace meses. De este modo y con el fin de poner solución cuanto antes a este contratiempo, la DGA va a iniciar una nueva licitación urgente que asegure la correcta finalización de los trabajos.

La empresa LIC se hizo con el contrato en agosto de 2022 por un importe de 9.099.608,40 euros, lo que suponía una baja del 5%. Además, ofertó una reducción en los plazos, pasando de 12 a 11,5 meses para la ocupación inicial (aulario de infantil) y de 18 a 17,5 meses (aulario de primaria) para la finalización total. Sin embargo, ya los problemas se sucedieron a principios de este curso, cuando el centro se estrenó in extremis porque las obras llegaron muy justas. En estos momentos, la empresa LIC encadena impagos con proveedores y subcontratistas.

El Ana María Navales pone en marcha un calendario reivindicativo

Abonos mensuales

Desde el Departamento de Educación han asegurado este martes que se han visto "forzados" a adoptar este decisión porque, en la actualidad, se acumulan más de tres meses de retraso en los trabajos del aulario de Primaria. El seguimiento por parte de la Administación "ha sido constante", señalan desde la consejería, "con requerimientos semanales a la constructora para que finalizara la ejecución y la legalización de las instalaciones, corrigiera las deficiencias indicadas en el acta de ocupación y para que reanudara, primero, y recuperara después el ritmo de los trabajos en la fase de Primaria", añaden.

A pesar de todo, en la actualidad siguen sin completarse remates en Infantil y la estructura de Primaria acumula 90 días de retraso, "lo que hace presumir la imposibilidad de cumplir el plazo total", reconocen desde Educación.

LIC alega una situación de insolvencia, pero el Ejecutivo ha abonado mensualmente todas las certificaciones por la obra ejecutada, hasta un total de 4,9 millones, hasta el pasado mes de octubre. Fue entonces cuando ya no se pudo comprobar el pago a los proveedores y se planteó la resolución del contrato.

Los retrasos acumulados, que son imputables única y exclusivamente a la contratista, han llevado a una resolución por incumplimiento del contrato. A la contratista, según Educación, se le incautará la garantía y se exigirán indemnizaciones por daños y perjuicios, en el caso de que una vez cuantificadas superen el importe del aval. En concreto, por los defectos existentes en la fase de Infantil que no han sido corregidos todavía y de cuya reparación se va a encargar directamente la Administración, y por los derivados del incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.

Las familias, que en los últimos meses han denunciado que las obras no avanzaban y que en Infantil seguía habiendo desperfectos, ya están al tanto de la situación. Educación trabaja con ellas y con la dirección del colegio Ana María Navales para buscar la mejor solución para el próximo septiembre. Hoy mismo ha tenido lugar una reunión en la consejería.

La constructora ya ha sido notificada y dispone ahora de posibilidad de audiencia por un plazo de diez días, al igual que el avalista o asegurador. A la vista de las mismas, será necesario informe del servicio jurídico y posterior dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, tal y como prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Todos los trámites e informes se considerarán de urgencia.