Las familias de Caneto se gastan mil euros en costear las mejoras

Las familias de los 21 alumnos de la escuela de Caneto están haciendo todo lo posible por mantener activo el centro y que se mantengan las cautelares que les permitieron reabrir en enero. De hecho, han costeado ya algunas de las mejoras que se pedían que fueran subsanadas en el informe del Gobierno de Aragón para plantear su cierre. En total, los padres y madres han financiado de su bolsillo alrededor de mil euros porque el Ayuntamiento de La Fueva «prefería esperar a la resolución antes de la inversión», ha asegurado este jueves Eduard Jubert, portavoz de las familias. «Nos estamos excediendo», asegura, aunque también reconoce que espera que «se vea la voluntad» positiva de los padres.

El miércoles, la abogada presentó un informe de 46 páginas donde se desgrana todo lo que pedía el informe del Gobierno de Aragón para solicitar el cierre. Aquí se incluyen las mejoras pagadas por las familias y que tienen que ver con la seguridad. El Ejecutivo señalaba que resbalaban unos juegos infantiles con unos troncos de madera y se han retirado; que una pizarra tenía los bordes oxidados, «los han arreglado», según Paula Hormigón, representante legal de las familias; que la instalación eléctrica no tenía el certificado de idoneidad, «ya se ha conseguido», según la abogada. Son aspectos que «sobrepasan lo que pedían como contracautela, pero se han hecho», insistió Hormigón.

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Se han arreglado las deficiencias más visibles, «de prevención laboral, la protección de la puerta, el cartel de salida de socorro o el extintor», reconoció por su parte Jubert. También se han puesto vallas protectoras para que los niños no puedan acercarse a la estufa y asegurado los escalones y, por ejemplo, en unos días podrían señalizar el botiquín. Hay obras que se piden más importantes que «no toca a las familias».

El objetivo es que se mantenga abierta la escuela y otras peticiones como baños para adultos, la renovación de la calefacción o el aislamiento creen que se tendrían que abordar «fuera del periodo lectivo», es decir, en verano. Y, además, por la «autoridad competente», que consideran que sería la administración autonómica, aunque es lo que «tendría que determinar la justicia», aseveró Hormigón. Qué es lo que hay que hacer y quién lo tiene que financiar. El vallado eléctrico, por ejemplo, correspondería al municipio, y la calificación de suelo urbanizable tampoco es competencia de las familias ni tiene que «ver con la seguridad».

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Para Hormigón, de momento, «no se habla de la alternativa, que es estar casi una hora en autobús por las pistas forestales, algo que las familias no se plantean».

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