El protocolo contra el acoso LGTBI, lejos de implantarse en Aragón

Tras la entrada en vigor este lunes de la normativa por la que todas las empresas situadas en Aragón y con una plantilla de 50 empleados o más tienen la obligación de disponer de un protocolo contra el acoso laboral a las personas LGTBI, lo cierto es que, aunque la teoría obliga a las compañías a cumplir la ley de inmediato, su aplicación real está lejos de llegar al 100% de las empresas que deberían contar ya con un reglamento claro para actuar en caso de acoso a un trabajador homosexual y, a tenor de la confusión que está generando, no parece que vaya a ser un problema que se solucione en el corto plazo.

El motivo principal del retraso y el que señalan los agentes sociales involucrados en el desarrollo de este protocolo es la poca claridad con la que, desde el Gobierno central, han establecido las pautas para su elaboración. De hecho, lo culpan de cierta dejadez debido a que, cuando comenzó el plazo de 12 meses habilitado en la ley por la igualdad de trato aprobada en 2023, el Ejecutivo se comprometió a elaborar una reglamentación que sirviera como guía para crear el reglamento y desde las empresas y los sindicatos aseguran que esa línea maestra que esperaban para dar forma a sus propuestas no les ha llegado. «Siempre que hay una nueva legislación hay incertidumbre y dudas de cómo abordarla y, en este caso, esas sensaciones se están acrecentando», señala Natalia Salvo Casaús, creadora de Aequalita, una consultora especializada en fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y que reconoce que están recibiendo consultas acerca de esta legislación.

Tiempo y medios

«Desde fuera sorprende mucho que haya entrado ya en vigor la normativa cuando vemos que, en la realidad, queda mucho camino, si no casi todo, por recorrer y parece bastante confuso exigir una cosa sin haber trasladado unas bases previas. Falta mucha información y asesoramiento», reflexiona Salvo. «Va a costar mucho aterrizarla sobre el terreno», añade la creadora de Aequalita. Para la aragonesa, el primer paso que se debe dar es en materia de formación: «Es muy difícil que alguien sepa primero reconocer un caso y luego actuar si no se conoce la realidad del colectivo LGTBI».

Natalia Salvo, en contacto permanente con muchas empresas aragonesas, defiende que, en muchas ocasiones, no es falta de voluntad lo que le falta a las compañías y sí falta de recursos. «Siempre hay excepciones, pero yo sí que creo que la gente quiere hacer las cosas bien, aunque sea por evitarse problemas. La gente nos llama, sondea, pero se impone la desinformación. Hacen falta muchos medios, tanto económicos como humanos», subraya Salvo, que cree que «casi ninguna» de las empresas aragonesas cumplen ahora el protocolo contra el acoso LGTBI. 

Además, recuerda la experta en asuntos de igualdad, esta normativa debe cumplirse en todas las compañías de más de 50 trabajadores «tengan personas LGTBI o no, ya que nadie está obligado a revelar cuál es su condición o su identidad sexual». Por todo ello, Salvo cree que «pasará bastante tiempo» hasta que las empresas regularicen esa situación.

Igualdad

Un panorama que recuerda al que se vivió con los planes de igualdad, obligatorios desde 2007 pero que desde los sindicatos advierten que son normativas en las que queda mucho por hacer. «Me sorprende que quieran cumplir desde ya con el protocolo LGTBI cuando hay empresas que siguen mucho más atrasadas», reflexiona Sonia García, secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Aragón. García señala que hay compañías que todavía no tienen en vigor planes de igualdad y en muchas otras «no se cumplen».

No obstante, la responsable de CCOO se muestra totalmente a favor de la medida, aunque piden que desde el Gobierno «la deben definir mucho mejor para que quede claro cuál debe ser la posición y las responsabilidades de todos los agentes sociales». «Ahora vendrán las prisas, pero es un tema tan serio y sensible que deberían haber estado las cosas mucho más claras antes de entrar en vigor», señala García, que apunta que no cree que vaya a haber muchas inspecciones de trabajo al respecto ni muchas multas, precisamente porque el primero que no ha cumplido su palabra de enviar pistas para su elaboración es el Ejecutivo. Por último, Sonia García pide separar por completo el protocolo contra el acoso LGTBI y los planes de igualdad porque «pueden parecerse desde fuera, pero no tienen nada que ver».

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