El Gobierno central acusa al PP y a Vox de «condenar a las víctimas al olvido»

«Sin memoria no hay democracia», ha afirmado este viernes en Zaragoza el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, tras reunirse con entidades memorialistas de la comunidad. Este encuentro llega después de que el Gobierno de Aragón de PP-Vox derogara en febrero la ley de memoria democrática, algo que también plantean en otros territorios como Castilla y León o la Comunidad Valenciana y que buscan sustituir por sus planes de concordia. Ante esta situación, Martínez acusó a ambos partidos de «blanquear de nuevo el franquismo» y de «volver a tener el relato histórico» de ese periodo de la historia española. «Y más todavía, lo que pretenden es condenar de nuevo a las víctimas al silencio y al olvido», ha zanjado.

El secretario de Estado se ha mostrado contundente sobre este asunto, en un momento además en el que el Ejecutivo aragonés ha avanzado que lanzará pronto su plan de concordia, que sustituirá al texto legal autonómico de memoria democrática, aprobado en el año 2018. «El problema de la concordia es que quieren blanquear de nuevo el franquismo», ha insistido Martínez, quien también ha considerado que con este tipo de conceptos se lleva a cabo «un reforzamiento» del negacionismo y que Vox «está marcando la política del PP», mientras este último partido «se deja llevar».

La visita del secretario de Estado a Zaragoza también ha servido para que abundara en la idea de que el Gobierno central recurrirá las derogaciones por inconstitucionalidad. Para ello, ha relatado que realizarán un requerimiento formal el Gobierno de Aragón, para el que existe un plazo de un mes y medio, y dependiendo de la respuesta, prepararán el recurso. En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tratará de llegar a un acuerdo con Aragón, a través de la convocatoria de una comisión bilateral, pero si no se logra este consenso, acudirá al Tribunal Constitucional.

De esta manera, y con su viaje a Zaragoza, Martínez ha aprovechado para tender la mano al Ejecutivo aragonés para tratar de llegar a algún acuerdo y así «dar marcha atrás» a la derogación. Aunque ha advertido: «De lo contrario, sin lugar a dudas, lo que vamos a tener que hacer es recurrir esta ley por inconstitucionalidad».

Un recurso que, como ya se supo el jueves, el Gobierno elevará a instancias internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento europeo.

En el caso de la ONU, ha precisado que informarían del caso al relator dedicado a las materias de Verdad Justicia y Reparación, pues fue esta figura la que hizo un informe «importantísimo» en el año 2014 que «ha vertebrado prácticamente todas las políticas de memoria»,

«Lo que vamos a hacer es que evalúe cómo estas medidas derogatorias están en disconformidad con lo que son las mejores prácticas internacionales, que tienen que ver con los compromisos del Gobierno de España con los derechos humanos», ha añadido.

En cuanto el recurso al Parlamento europeo, el Ejecutivo central tratará que las derogación de la ley llegue al orden del día, así como las de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, si se consuman.

Resumiendo, el secretario de Estado ha recalcado que el Gobierno acudirá a estas instituciones «para que conozcan exactamente cuál es la situación de la memoria democrática en España con las derogaciones que pretenden PP y Vox».

Lugares garantizados

En el encuentro que ha mantenido con los colectivos memorialistas de la comunidad, Martínez ha garantizado que la ley de memoria democrática estatal del año 2022 se aplicará en todo el territorio aragonés, a pesar de que no tenga ya normativa autonómica, «porque la ley de memoria democrática del Estado llega a todos los rincones de España». Esta decisión, por ejemplo, se traducirá en que todos los lugares de memoria declarados en la comunidad autónoma pasarán a formar parte del inventario español.

También se seguirán subvencionando las exhumaciones desde el ministerio, «trabajando de forma estrecha con el tejido memorialista y las instituciones que realizan políticas públicas de memoria», según han especificado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

Precisamente, y preguntado por cómo se canalizará la financiación estatal de los proyectos relacionados con la memoria, Martínez ha explicado que existe «una política de subvenciones de concurrencia competitiva», además de ofrecer «apoyo a las instituciones que desarrollan políticas públicas de memoria», como la Diputación Provincial de Zaragoza.

El secretario de Estado también ha informado de que, tras la visita del jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al valle de Cuelgamuros para conocer el proceso de identificación de los restos, ya se ha notificado a las familias que pueden solicitar la visita, que solo podrán realizar en grupos de tres personas.

Además de Martínez, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también se refirió, por la mañana al Gobierno de PP-Vox de una manera crítica. Así, definió en declaraciones a los medios de comunicación como «una patada para adelante» el anuncio hecho momentos antes por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, de que se va a desarrollar el plan de exhumaciones en la comunidad, una cuestión sobre la que incluso no se ha descartado aumentar el presupuesto.

Durante la reunión en Zaragoza, Martínez ha podido conocer las inquietudes de los colectivos de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), y la asociación Recuperación de Memoria Democrática de Belchite. La presidenta de PAMA, Anabel Lapuente, ha afirmado que el encuentro fue «muy bien» y ha servido para resolver dudas y estudiar soluciones a los problemas que plantea la derogación de la ley, así como para abordar cuestiones relacionadas con la educación, las exhumaciones y la identificación.

«Nosotros no vamos a parar y el gobierno de España está con nosotros. Eso lo tenemos clarísimo», ha aseverado Lapuente, quien también ha considerado que en pleno 2024 no se puede «parar» el trabajo que se ha realizado «por fanatismo de los gobiernos de derechas».

«Ya vale de que nos mareen, nuestras víctimas son víctimas desde el año 1936 y no nos van a torear más, vamos a seguir adelante por un camino u otro», ha concluido.