A fondo: Balance anual político

Esta semana, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un filósofo, una lingüista y un constitucionalista conversaron reunidos bajo el título de La política hiperbólica en las democracias contemporáneas. Hace tiempo que académicos y analistas hablan de turbopolítica para referirse a la aceleración con la que vivimos hoy los acontecimientos públicos.

La exageración y la velocidad descontrolada son rasgos del actual momento político. Detengámonos un instante para repasar lo ocurrido en España en tan solo un año.

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El 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales, que también lo fueron a Parlamentos autonómicos en doce de las diecisiete Comunidades Autónomas. La victoria en términos generales fue del PP, que –con la ayuda más o menos activa de Vox donde fue necesaria– se hizo con una cuota muy relevante del poder territorial autonómico y local. Al día siguiente, el presidente del Gobierno dio un giro de timón y anunció la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones, a celebrar el 23 de julio siguiente. De nuevo, el PP ganó los comicios. Fue sin embargo una victoria insuficiente, ya que la suma de sus escaños a los de Vox no alcanzó la mayoría necesaria. Y, aunque los populares intentaron acuerdos más amplios, estos no fueron posibles precisamente, entre otras razones, por la presencia de la ultraderecha en la operación.

Coalición

Ello quedó demostrado en septiembre al no lograr Alberto Núñez Feijóo ser investido. Quien lo logró en el mes de noviembre fue Pedro Sánchez, con una mayoría conformada por los diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria; una mayoría que prácticamente reproducía la alcanzada en agosto para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Se formó un gobierno de coalición PSOE-Sumar y se comenzó a trabajar en una ley de amnistía, todavía no aprobada, pactada con las fuerzas independentistas catalanas –especialmente con Junts– como condición para la investidura.

Durante un tiempo se convocaron concentraciones de protesta ante las sedes socialistas, singularmente ante Ferraz, en las que pudimos ver a asistentes con actitudes diversas. Se adelantaron a febrero de 2024 las elecciones gallegas, en las que el PP retuvo una mayoría absoluta casi insólita en esta época de fragmentación, con un Parlamento además que se mantuvo con solo tres fuerzas políticas. En abril, en los también adelantados comicios vascos, se conservó asimismo la posición de preeminencia del PNV. En ambos casos un segundo partido se acerca progresivamente al primero (de manera muy clara en el caso de EH Bildu en Euskadi) y los socialistas siguen siendo la tercera fuerza en las dos comunidades, si bien con una lectura y un significado muy distintos en cuanto al aumento o descenso de escaños, así como a su relevancia en la gobernabilidad.

Este mes de mayo se han celebrado, también adelantadas ante la imposibilidad de sacar adelante el presupuesto, las elecciones al Parlament de Cataluña, en las que el PSC resultó ganador en votos y escaños por vez primera y en las que también por primera vez desde el inicio del procés no existe una mayoría independentista, si bien la investidura no resultará sencilla. Antes de la cita electoral catalana asistimos a un episodio inédito, como fue el protagonizado por el presidente Sánchez con su envío de una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que iba a retirarse cinco días para decidir si seguía o no al frente del Gobierno ante lo que consideraba «una operación de acoso y derribo» contra su mujer y contra él mismo. También entonces hubo concentraciones en Ferraz, aunque de signo distinto.

Pasado el plazo, anunció que seguía al frente del ejecutivo. Por similares motivos, se acaba de producir una crisis diplomática con Argentina. Y en el horizonte inmediato se divisan las elecciones al Parlamento europeo del próximo 9 de junio, previa campaña. Todo con una esfera internacional marcada por la continuación de la guerra de Ucrania y por el conflicto en Oriente Próximo, este sí recrudecido a partir de octubre del pasado año.

Han ocurrido muchas más cosas. Siendo solo un resumen, lo menos que puede decirse es que no ha habido ocasión para el aburrimiento. La exageración suele ir acompañada de emocionalidad y de algo que es en sí mismo un oxímoron, como es cierta sensación de permanente excepcionalidad. La crisis de la covid-19 supuso un reforzamiento incuestionable de esta característica.

Las redes sociales contribuyen, en ocasiones, a esa emocionalidad, reduciendo el debate a la lógica binaria de los likes. Y, sobre todo, a aumentar la velocidad de la realidad política. La idea de esfera pública, originada en los cafés literarios del siglo XVIII, parece haberse convertido en este siglo XXI en un producto de consumo en cadenas de comida rápida. Es importante saber cómo se concibe en cada época histórica la noción tiempo y cómo esta se relaciona con la Constitución vigente.

Lo ha estudiado Josu de Miguel y el asunto conecta con cuestiones que nos atañen. Debemos reflexionar, por ejemplo, sobre la adaptación de los Parlamentos y los procedimientos legislativos a una nueva realidad. Y debemos también abordar el doble reto que Francisco Balaguer ha condensado en la necesidad de digitalizar las Constituciones a la vez que constitucionalizamos los algoritmos.

Pero bajo el fragor de lo acontecido este año también tuvo lugar una reforma del artículo 49 de la Constitución, ampliando los derechos de las personas con discapacidad. Hubo un acuerdo total. Con la salvedad de Vox, que votó en contra. Conviene no olvidar que también las batallas culturales son una señal de nuestro momento político y que temas que en ocasiones se despachan como demandas woke pueden tener una traducción en las condiciones materiales y sustantivas de vida de muchas personas.