SUCESOS EN ARAGÓN

Condenado en Zaragoza por no pagar más de 60.000 euros en botes de pintura

La Audiencia Provincial de Zaragoza le impone dos años de cárcel y deberá devolver el dinero

Juzgado en Zaragoza por no pagar más de 60.000 euros en botes de pintura

Silviu Ionut Cristache, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Silviu Ionut Cristache, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / ANDREEA VORNICU

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Silviu Ionut Cristache (Rumanía, 1969) a dos años de cárcel como autor de un delito de estafa por no pagar más de 60.000 euros en botes de pintura que adquirió en la primavera de 2022 para su empresa con base en Zaragoza. Cristache acordó con la entidad perjudicada abonar el citado importe en un máximo de tres meses, pero no lo hizo cuando venció el plazo e incluso trató de eludir la acción de la Justicia al denunciar el robo del material que él mismo había adquirido el mismo día –19 de octubre de 2022– en el que le denunciaron a él. Para entonces, su nombre ya no constaba como administrador de la entidad al darle el relevo a un compañero días atrás.

El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, ha considerado probado que existió «una conducta falsaria» por parte del ahora condenado al ocultar que presentaba saldos «notoriamente insuficientes» para afrontar el pago. «El desplazamiento patrimonial que consistió en la entrega del material supuso un empobrecimiento para la vendedora, que vio truncada su expectativa de cobrar la pintura, y el correlativo enriquecimiento injusto para el comprador que, de esta manera, vio satisfecho su ánimo de lucro», argumentan los magistrados.

Durante la celebración del juicio el pasado 7 de febrero, uno de los trabajadores de la empresa explicó cómo se fraguó la relación comercial con Cristache hasta que finalmente se dieron cuenta de que les había estafado. «Vino a comprarnos pintura con una propuesta de la competencia a ver si la podíamos igualar o mejorar. Llegamos a un acuerdo, pero, a la hora del vencimiento, ya no nos cogió el teléfono», explicó. Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel, la acusación particular elevaba la pena privativa de libertad hasta los cuatro años y la defensa ejercida por Francisco Sanz intersó la absolución de su representado. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. 

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