Teruel tiene un cargador eléctrico cada 200 kilómetros cuadrados en la provincia

La movilidad eléctrica también se olvida de la España despoblada. La mitad del país, coincidente con las provincias menos pobladas, cuenta solo con el 15% de los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos. En Teruel, que comparte el podio negativo con Soria y Cuenca, hay un cargador para vehículos impulsados por electricidad cada 200 o 250 kilómetros cuadrados.

Así se extrae de un informe elaborado por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (Transport & Environment, en inglés) y la organización sin ánimo de lucro Ecodes, donde se desgrana que la mayoría de puntos se ubican en las provincias donde se sitúan las grandes urbes del país. La dispersión geográfica de Aragón hace, de hecho, que sea la tercera autonomía con menos puntos de recarga, pues solo tiene uno cada 98,4 kilómetros cuadrados. Solo le supera el farollilo rojo de Castilla-La Mancha (un cargador cada 112, 2 km2) y Extremadura (uno cada 111 km2). Y eso contando con que Zaragoza concentra la mayor parte de ellos con 146, de los que 95 son de carga semirrápida, 18 rápida y 36 ultrarrápida.

La diferencia es sideral con respecto a las autonomías que lideran la lista, si bien debe tenerse siempre en cuenta que el volumen territorial de cada una Así, Madrid cuenta con un punto de recarga cada 3,3 kilómetros cuadrados. Le siguen Ceuta y Melilla (4,6 km), Baleares (4,9), Cataluña (7,1), y País Vasco (8,2), las que tienen una red de carga más densa en España.

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Si se tiene en cuenta el número de automóviles que utilizan cada instalación, un punto de Ceuta y Melilla atiende a 14.668 coches y uno en Galicia a 3.626, lo que las convierte en los territorios con las redes más saturadas. El informe señala que España cuenta con 18.729 cargadores, cifra que contrasta con la proporcionada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que calcula que hay 27.420 en total.

Las organizaciones encargadas de la redacción del documento entienden que se potencie el desarrollo de la infraestructura de carga en las provincias con mayor población y por ende aquellas con un parque automovilístico electrificado más amplio, pero no se pueden olvidar las zonas con menos habitantes, por lo que el Gobierno «debería incluir una estrategia específica de despliegue de puntos» en estas áreas.

Añaden que se debe ir más allá del objetivo nacional establecido por la Regulación de la infraestructura de combustibles alternativos (AFIR) y mejorar la red en las zonas de alta afluencia turística, eliminar los cuellos de botella administrativos, tener cuenta las necesidades de la población según el tipo de vivienda o ampliar el número de carreteras en las que instalar cargadores.

La normativa europea AFIR exige que se coloquen instalaciones de recarga rápida de al menos 150 kW (kilovatios) cada 60 kilómetros en los principales corredores de transporte de la Unión Europea a partir de 2025.