Los propios administradores concursales del Real Zaragoza SAD y de su filial inmobiliaria, Zaragoza Real Estate, recelan de las mismas operaciones de compra y venta de fincas cuya revocación ha pedido la Agencia Tributaria a la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa, que tramita los concursos de las dos sociedades.
En el informe sobre la situación patrimonial de la compañía deportiva aportado a su expediente concursal indican que "por ahora" --fue emitido a finales de noviembre-- no han detectado ninguna operación que deba ser revocada, "si bien --anotan-- se han realizado enajenaciones de activos pendientes de análisis". En ese punto, remiten a las tres transacciones denunciadas por la Abogacía del Estado: la venta de las oficinas del Real Zaragoza a Cerro Murillo por parte de Zaragoza Real Estate, la compra por la inmobiliaria blanquilla de una parcela en La Almunia propiedad de ADL --firma que dirige Javier Bazaco, ejecutivo de la máxima confianza de Agapito Iglesias-- en una transacción en la que el vendedor recibió un pagaré de un millón de euros emitido por el Athletic de Bilbao para pagar el traspaso de Ander Herrera y, por último, la formalización de una opción de compra sobre una finca de Pozuelo de Alarcón propiedad de la empresa Promar.
Uno de los administradores concursales, Andrés Jiménez Lenguas, confirmó este extremo a EL PERIÓDICO. "Tenemos que estudiar si esas operaciones, efectuadas todas antes de entrar en concurso, han sido perjudiciales para la entidad o para los acreedores", indicó. De concluir que sí lo han sido, solicitarían una acción de reintegración, figura jurídica que permite deshacer las compras y ventas que hayan causado perjuicios al deudor o a los reclamantes durante los dos años anteriores a la declaración de concurso.
En opinión de Jiménez Lenguas, la venta de las oficinas a Cerro Murillo no habría sido perjudicial, ya que la entidad financiera renunció a un volumen de deuda del Real Zaragoza superior al valor del inmueble. Las otras dos operaciones, aclaró, están pendientes de estudio. Las analizarán, explicó, después del cierre del proceso de reclasificación de los créditos de la compañía deportiva que ahora les ocupa y, en todo caso, siempre antes de que pueda ser aprobado el convenio con los acreedores.
El administrador, por otro lado, recalcó que él y Carlos Terreu --el otro interventor-- no han autorizado ninguna de esas tres operaciones, materializadas antes de que las empresas de Iglesias pidieran la declaración de concurso.
La Agencia Tributaria, personada en los concursos del Real Zaragoza SAD y de Zaragoza Real Estate a través de la Abogacía del Estado, sostiene que las tres operaciones fueron perjudiciales para la empresa y sus acreedores, por lo que pide revocarlas.
La adquisición de la finca de La Almunia es una de las claves del proceso concursal. De hecho, es la piedra angular del acuerdo de aplazamiento de deuda que Iglesias cerró en marzo del 2011 con la Agencia Tributaria, con la que el Zaragoza acumulaba débitos por 33 millones.
El aplazamiento se plasmó en un convenio en el que Hacienda aceptó tres garantías: parte de los derechos televisivos, el 50% de los ingresos por traspasos y la finca de La Almunia adquirida por Zaragoza Real Estate a ADL. El triunfo de las tesis de Hacienda afectaría de manera obvia al acuerdo con el fisco. El informe de los administradores advierte de que "podrían aparecer derechos de cobro de Real Zaragoza SAD a su filial" por los avales para esa compra.
La finca fue adquirida a ADL. Esta empresa no forma parte del Grupo Codesport ni es propiedad de Iglesias, como este diario informó por error el miércoles. La dirige, como avanzó ayer, Bazaco y tiene como socio a Panujal, propiedad de Stalia Real Estate, de la que es consejero el soriano.
El Zaragoza acusó ayer a EL PERIÓDICO de dar noticias "tendenciosas" e "incorrectas" que "distorsionan la realidad de manera maliciosa" y anunció que adoptará "medidas legales" ante "posibles lesiones del derecho del honor". Las informaciones se basan estrictamente en las acciones emprendidas por la Agencia Tributaria para aclarar la situación patrimonial del Zaragoza.
