El Gobierno de Silvio Berlusconi modificó ayer de nuevo su plan de ajuste, presionado por los mercados y las protestas masivas en la calle. A los primeros intentó contentarlos con el compromiso de acelerar la adopción de la "regla de oro" del equilibrio presupuestario o déficit cero en la Constitución, siguiendo la estela de España. Y para los descontentos con la dureza del ajuste, recuperó la reintroducción de una tasa para los ricos, aunque en una versión más descafeinada que la que anunció en el primer borrador del plan.

Para acelerar la adopción del plan, el Gobierno lo someterá a una cuestión de confianza hoy en el Senado, aprobará el proyecto de reforma constitucional en su reunión del consejo de mañana y los elevará ambos a debate en el Parlamento con la máxima celeridad.

Berlusconi anunció estos cambios mientras decenas de miles de italianos protestaban en 100 ciudades del país en contra del plan de austeridad con el que el Gobierno italiano pretende frenar la especulación financiera y responder a las peticiones de las autoridades europeas. La huelga coincidió con otro repunte de la prima de riesgo de la deuda italiana, que superó los 370 puntos básicos de diferencia con el bono alemán a primera hora del día.

La protesta, convocada por el mayor sindicato de trabajadores, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), y a la que se sumaron los dos principales partidos de la oposición (Partido Democrático e Italia de los Valores) colapsó el transporte terrestre, el ferroviario y el aéreo en todo el país y registró una adhesión media del 60% según las centrales. El Gobierno no dio datos, pero aseguró que la participación fue muy inferior. Entre los principales sectores que se sumaron a la protesta destacaron los de las aerolíneas, los empleados públicos y la industria. En Milán y Turín, el blanco de las iras de los manifestantes fueron los bancos. Sedes y sucursales de Unicredit, Banca Popolare di Novara y el Banco de Italia, fueron atacadas con huevos.

En Roma, donde se llevó a cabo la mayor manifestación, la secretaria general la CGIL, Susanna Camusso, tachó de "injustas" e inútiles las medidas que el Gobierno ideó para alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2013 y reducir drásticamente la deuda (que hoy equivale a 1,89 billones de euros, el 120% del PIB).

"Estamos al borde del precipicio. Con medidas depresivas no superaremos la crisis", recalcó Camusso.

Uno de los ajustes que provoca más rechazo del plan gubernamental es la revisión del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, con una nueva redacción que facilitará el despido.