ENERGÍA

El Gobierno maniobra para repartir ayudas millonarias a las eléctricas por sus centrales de gas

El Ejecutivo relanza el proceso para crear un mercado de capacidad en España, para retribuir a las plantas que garantizan el suministro eléctrico frente a la intermitencia de las renovables

A la espera de que se desbloqueen en la UE otros trámites necesarios, España gana tiempo y adelanta trabajos para impulsar un sistema de subastas de ayudas para los ciclos combinados.

Central de ciclo combinado de Endesa en As Pontes (A Coruña).

Central de ciclo combinado de Endesa en As Pontes (A Coruña). / EP

David Page

El Gobierno se moviliza para lanzar un sistema de ayudas millonarias para las compañías energéticas que sean capaces de dar seguridad al suministro eléctrico en todo momento, singularmente a las que operan centrales de gas. El objetivo es crear por fin un mercado de capacidad nacional con el que repartir una retribución a las eléctricas con plantas de gas, capaces de garantizar la producción necesaria casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables, dependientes de que haya viento, sol o agua.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera ahora en funciones, ha abierto un proceso de consulta pública para impulsar reformas legales imprescindibles como paso previo a la creación del mercado de capacidad, que deben contar con la aprobación final de la Comisión Europea. La intención del Ejecutivo es ir ganando tiempo y avanzar todo lo posible el procedimiento interno a la espera de que se desbloquee la tramitación en la Unión Europea, atascada desde hace dos años, según confirman fuentes oficiales a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El Gobierno español ya activó en 2021 un proceso de audiencia pública como paso previo a la creación un nuevo mercado de capacidad para retribuir a las instalaciones con capacidad de dar firmeza al sistema eléctrico. El plan del Ejecutivo pasaba por crear dos tipos de subastas (con periodos de 5 años y 1 año) para repartir las ayudas a plantas que se ofrecían a estar disponibles para producir con un precio estable de la electricidad (especialmente las centrales de gas, también en menor medida las hidroeléctricas de bombeo y más adelante las baterías). Pero aquella orden ministerial no se ha aprobado. Y desde el sector eléctrico, las centrales de gas reclaman un sistema de ayudas con una retribución de entre 400 y 500 millones anuales para garantizar la viabilidad de las plantas y no operar con pérdidas.

El Gobierno español estableció conversaciones informales con la Comisión Europea para recibir el ‘ok’ al nuevo mecanismo que pretende impulsar, para lo que Madrid tenía que justificar por qué se consideraba imprescindible y demostrar que el sistema era compatible con el régimen de ayudas de Estado comunitarias. Todo el proceso está estancado porque es imprescindible un estudio previo con el análisis de cobertura de todo el sistema eléctrico europeo para realizar el posteriormente el análisis para el mercado español.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) -que agrupa a la CNMC española y a sus homólogos del resto de países europeo- ha parado varias propuestas de la asociación de los gestores de redes de transporte Entso-e -que integra a REE y a sus pares comunitarios- para establecer una metodología con el objetivo de poder realizar el análisis de riesgos de corte de suministro en Europa. A la espera de que llegue este informe, España se ha propuesto seguir avanzando en los trabajos imprescindibles para conseguir convencer a Bruselas de que la retribución a las centrales de gas es imprescindible y no puede considerarse ayudas de Estado ilegales.

Ayudas millonarias o poder cerrar

Sedigás, la patronal que agrupa a decenas de empresas de toda la cadena del sector del gas natural, ha venido presionando para la puesta en marcha de mecanismos que sirvan para retribuir a las centrales por su labor para dar seguridad y estabilidad a la producción eléctrica o, si no se activan las ayudas o no son suficientes, que se permita a las energéticas cerrar las plantas o hibernarlas si no consiguen cubrir los costes operativos para no funcionar de manera obligatoria con pérdidas. España disparó el uso de sus centrales de gas para producir electricidad durante lo peor de la crisis energética y lo ha estado haciendo también ahora durante todo el último verano, hasta encaramarse en muchos momentos como la principal fuente de generación eléctrica del país.

Varias fuentes del sector gasista calculan que la retribución necesaria por el conjunto del parque de ciclos combinados -las plantas que utilizan gas para producir electricidad- para cubrir costes se sitúa en el entorno de los 15.000 euros por cada megavatio de potencia instalada cada año, lo que supondría el reparto de 400 millones anuales. Otras compañías elevan incluso el montante requerido hasta los 20.000 euros por megavatio, lo que supondría incrementar el presupuesto hasta los 530 millones de euros cada ejercicio de media.

Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez. Ante esta situación, el sector del gas vuelve a meter presión para recibir una retribución millonaria específica por estar disponible para generar electricidad, con el objetivo de cubrir los costes que la venta de electricidad al mercado no compensa.

El Gobierno remitió el pasado junio a la Comisión Europea un borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para impulsar las energías renovables y avanzar hacia la descarbonización de la economía hasta 2030. Una revisión en la que se establece que todas las centrales de gas -en total, 50 plantas, con una potencia conjunta de 26.600 megavatios (MW)- deberán seguir estando operativas durante toda esta década mientras continúa el despliegue masivo de nuevas renovables.

Sedigás y la consultora PWC presentaron en 2021 un estudio sobre la rentabilidad de las centrales de gas en España que alertaba de que un 70% de las plantas se encontraba en pérdidas operativas y que subrayaba la necesidad de establecer un mecanismo de retribución para evitar que se ampliara el porcentaje de instalaciones con su viabilidad económica comprometida. Desde el sector gasista se apunta que el escenario actual sigue siendo igual de pesimista que el que reflejaba el estudio.

Avances regulatorios

Antes de poder aprobar un mecanismo de capacidad en el mercado español, el Gobierno debe cumplir varios requisitos previos y por eso ha abierto un proceso de consulta pública para establecer varios parámetros imprescindibles para demostrar la Bruselas que la retribución a las centrales de gas son necesarias para evitar riesgos para el suministro eléctrico y que el reparto de ayudas es más barato que otras opciones (desplegar nuevas plantas, prolongar la vida útil de las actuales o cortar el suministro a algunos clientes).

El Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido aportaciones al sector energético para establecer la metodología para calcular cuánto están dispuestos a pagar los clientes por la electricidad para evitar que haya apagones (valor de carga pérdida, estimado en 22.879 euros por megavatio hora, MWh), el coste de impulsar otras tecnologías para dar firmeza al sistema (coste de nueva entrada, calculado orientativamente en los 20.000 euros por megavatio de potencia de coste de operación y mantenimiento de las centrales de gas) y el tiempo máximo que están dispuestos a sufrir un corte de suministro los clientes en función del coste que tenga evitarlo (estándar de fiabilidad, calculado en 0,94 horas al año).

Los cálculos realizados por el Gobierno, a la espera de ser refrendados con una resolución ministerial tras la consulta pública, anticipan que el establecimiento de un mercado de capacidad resultaría más económico que otras opciones y, por ello, no deberían considerarse como ayudas de Estado ilegales.

Recurrir a centrales de gas

El año pasado las plantas de ciclo combinado -las que queman gas natural- elevaron un 53% su producción y se convirtieron en la principal fuente de producción de electricidad en España, con un 24% del total, en un contexto en que se hundió la actividad de las hidroeléctricas por la sequía, hubo a momentos menos aportación renovable de la esperada y las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal se elevaron hasta máximos.

Y durante todo el verano de este año las centrales de gas también se han convertido en las grandes productoras de electricidad del mercado español en varios de los últimos meses, concentrando entre junio y septiembre más de un 20% de toda la generación, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico español. En mitad de una de las olas de calor que este verano han golpeado a España, REE tuvo que recurrir a todas las unidades de producción con gas natural disponibles para poder atender la demanda. En concreto, a las 10 de la noche del 18 de julio casi el 45% de la demanda eléctrica fue cubierta gracias a la energía generada por los ciclos combinados.