La controvertida ley trans llegó finalmente al Consejo de Ministras el pasado 29 de junio, sin por ello dejar de crear debate entre las voces más retrógradas de nuestro país en torno a sus posibles riesgos. Chrysallis, asociación que ha participado activamente en el desbloqueo de las negociaciones de esta ley, valora positivamente que las dos partes del Gobierno hayan llegado a un consenso para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans.
El estado de las negociaciones llegó a poner en riesgo que esta ley quedara en un cajón. Los escasos derechos que se pretendían reconocer se debieron a las resistencias de la ya cesada vicepresidenta Carmen Calvo.
Aunque valoramos su tramitación, no quiere decir que no seamos críticas con el texto de la norma. El anteproyecto ha llegado con el derecho a la autodeterminación garantizado mediante la voluntad expresa de la persona, sin testigos, pruebas ni plazos humillantes, circunstancia que no se contemplaba cuando nos reunimos el 24 de junio con el Ministerio de Justicia.
En cuanto a los derechos de la infancia y adolescencia trans, aunque ha habido avances respecto a lo planteado por Justicia en un inicio, se sigue cuestionando la credibilidad de los menores, sometiéndoles entre los doce y los catorce años a procesos judiciales con el fin de validar su identidad de género. Por debajo de los doce años, simplemente les concede el cambio de nombre, despojándoles de su derecho a ser, e incumpliendo el mandato del Consejo de Europa, de organismos internacionales y del Tribunal Constitucional.
Las personas no binarias brillan por su ausencia en este anteproyecto, obviando por completo su existencia y sus derechos. Pero Naciones Unidas ya instó en 2018 a los estados a «admitir y reconocer las identidades no binarias, tales como las identidades de género que no son ni hombre ni mujer, y ofrecer diversas opciones de marcadores de género». En Australia y Nueva Zelanda ya existe la posibilidad de incluir una tercera opción de género en los DNI, sin por ello haber causado colapso alguno del sistema.
Las personas migradas no tienen garantizados sus derechos, a no ser que tengan la nacionalidad española. ¿Qué pasa con las personas en situación de asilo que huyen de sus países por miedo a ser metidas en prisión o asesinadas precisamente por su identidad de género? ¿Las abandonamos?
Por tanto, desde Chrysallis consideramos que la ley tiene que ser mejorada mediante el proceso de enmiendas en estos y otros ámbitos, como el de la salud, el deporte o la educación, para que, una vez llegado el momento de su aprobación, se convierta en un texto que realmente reconozca los derechos humanos de las personas trans, y posicione a España a la vanguardia de los mismos.
Recordamos al Gobierno español que no se trata de seguridad jurídica, se trata de voluntad política.
