Hoy, la ley trans está en boca de quienes se dedican a legislar, de los medios de comunicación y del ámbito jurídico. Un gran logro de esta ley, antes de aprobarse, es el de dar visibilidad y poner en el debate las realidades trans que, hasta 1995, estaban consideradas delito y que, como todo lo que tiene que ver con la sexualidad, estaban cargadas de estigma, posicionando el debate en el ámbito de los Derechos Humanos.

El proceso de redacción del texto ha sido largo. Se inició en la corta legislatura del primer mandato de Pedro Sánchez, con una propuesta de reforma de la Ley 3/2007 de rectificación de datos registrales, frustrada por la convocatoria de elecciones, lo mismo que ocurrió con el proyecto de ley registrado en el 2018 por Unidas Podemos.

Con el actual Gobierno, e Irene Montero ya instalada en el Ministerio de Igualdad, se inició un proceso participativo para redactar una nueva ley trans. Algunos colectivos nos negamos a asistir a la primera sesión, con la convicción de lo innecesario de un proceso que ya habíamos llevado a cabo y del que había surgido un texto de amplio consenso. Finalmente, el poder manda y, tras más de medio año de debates en la llamada mesa trans, el ministerio elaboró un texto ambicioso que, aunque no era el nuestro, estaba en la línea que dictan las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Ese texto fue desechado finalmente por el Gobierno, que decidió ignorar el esfuerzo, el trabajo y el tiempo invertido, uniendo las leyes trans y LGTBI en una sola propuesta, convirtiendo las quince páginas del proyecto desechado en tres, pero poniendo la palabra trans al principio del largo título de la ley, para compensar.

A pesar del esfuerzo realizado y de tener un texto nacido del propio Ejecutivo, el tiempo pasaba y no avanzábamos, hasta que activistas y colectivos trans nos pusimos en huelga de hambre. Así, conseguimos que el texto desechado fuera registrado en el Congreso, de la mano de los grupos que apoyaron la investidura del Gobierno, y que los diputados lo votaran. Al final, la abstención del PSOE fue definitiva para que no se aprobara la admisión a trámite.

El texto actual regula la elaboración de una estrategia contra la discriminación y plantea varias recomendaciones en cuanto a la participación, el ámbito laboral, la sanidad o el ámbito educativo. Recoge dos novedades importantes: la despatologización, que responde a las exigencias del activismo, y la autodeterminación de la identidad, pero con limitaciones. Deja fuera de este reconocimiento a las personas no binarias, a las personas migrantes y a menores de 14 años, oponiéndose, incomprensiblemente, a una sentencia del Tribunal Constitucional.

Finalmente, la opción de mejora pasa por el proceso de enmiendas, descargando el Gobierno su responsabilidad, y su compromiso, en el resto de grupos políticos y en la capacidad del activismo para disuadirles, sacando de su tablero de juego las discrepancias que les generan desgaste.