Porque es cara y porque se extralimita en sus competencias. El frente territorial contra la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que integran los gobiernos de Catalunya, Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco, intentará hoy, en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado, retrasar todo lo posible la aprobación -y la consiguiente entrada en vigor- de la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert.

Para ello esgrimirán dos argumentos: el primero, que, tal como recogió el Consejo de Estado en su dictamen sobre la LOMCE, esta supone una invasión de las competencias transferidas a las autonomías y vulnera, en algunos casos como el catalán, estatutos de autonomía. El segundo, más coyuntural, se basa en que en un momento en que el déficit de las administraciones públicas está sujeto a las directrices de Bruselas, no es posible desplegar una ley que, como ha reconocido el propio Wert, tendrá un alto coste económico.

Si las razones de los consejeros críticos con la LOMCE consiguen hacerse hueco y finalmente prosperan como enmiendas, la ley tendrá que volver a ser debatida en el Congreso de los Diputados, con lo que se demorará su aprobación definitiva. Eso le restará opciones para poder empezar a aplicarse en septiembre del 2014, como quiere el ministro.

«Sabemos que ante la mayoría absoluta del PP, nuestras opciones son escasas, de 99 contra una, pero mientras exista una posibilidad de frenar esta ley, lo hemos de intentar», ha declarado la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, a quien la comunidad educativa le ha pedido formalmente que haga todo lo posible por poner trabas a la LOMCE.

Solo con que el despliegue de la ley se demore hasta el curso 2015-2016, «se habrá logrado un objetivo importante, habida cuenta de que todos los partidos de la oposición han anunciado su intención de derogarla en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta», señala Montse Ros, secretaria de la federación de Educación de CCOO en Catalunya.

Por parte del PP, ayer se confirmó que nueve consejeros de educación de comunidades gobernadas por esta formación participarán en la sesión de la comisión del Senado, para defender, previsiblemente, la constitucionalidad de la LOMCE.

ENMIENDAS

Con todo, las prisas de Wert por dar la luz verde definitiva a su reforma educativa y publicarla en el Boletín Oficial del Estado podrían chocar también con el ala ultraconservadora de su partido, partidaria de recoger el recado de la Conferencia Episcopal Española y aprovechar la tramitación en el Senado para que la asignatura de religión reciba en los dos cursos de bachillerato el mismo trato que en primaria y ESO, es decir, que sea de oferta obligatoria, y que tenga una alternativa laica.

El senador de CiU Ramon Alturo anunció que, tras la enmienda a la totalidad, sus alegaciones se centrarán en el ataque a la inmersión lingüística.