El Supremo obliga a demoler todo lo construido en un macrocomplejo turístico de Cáceres

El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse y obliga a la demolición completa del complejo Isla de Valdecañas. Descide así la decisión final tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre el futuro del complejo residencial y turístico, en los términos cacereños de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres).

Esta nueva decisión responde a un recurso de casación que interpuso Ecologistas en Acción contra ese auto de julio del 2020 del TSJEx, con el que se pretendía dar carpetazo a la ejecución de las sentencias (una del TSJEx del 2011 y otra del Supremo del 2014) que declararon nulo e ilegal el decreto 55/2007 de la Junta de Extremadura por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Interés Regional (PIR), promovido por Marina Isla de Valdecañas SA. Este PIR aprobado por la administración regional permitió la construcción del complejo a pesar de que estaba en terreno protegido, incluido en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

En dicho auto, para cuya elaboración se tuvo en cuenta un estudio realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (órgano del CSIC) sobre el impacto de las contrucciones en aquella zona protegida, se acordaba la conservación del único hotel en funcionamiento, de las viviendas terminadas y en uso, del campo de golf y de la instalaciones deportivas y la puesta en marcha de un plan de revegetación en la zona, y también se ordenaba el derribo parcial de las insfraestructuras que no estaban en uso. Pero el Supremo anula esta decisión y acuerda ahora que deberán ser demolidas no solo aquellas infraestructuras que estaban a medias, sino también todas las anteriores descritas que estaban terminadas y en uso, como el hotel y más de un centenar de villas.

El contenido íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días, según informa desde el TSJEx, pero la decisión es un nuevo jarro de agua fría para los dueños de las viviendas, para la empresa promotora y para la Junta de Extremadura, que de momento no valorará este fallo hasta conocer la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Para la organización ecologista supone un reconocimiento a los argumentos que vienen defendiendo desde hace más de una década que se inició este conflicto.

Hay que recordar que una vez que tanto el TSJEx como el Supremo declaración nulo el PIR de Valdecañas, en 2011 y 2014 respectivamente, obligaron a la restitución de los terrenos a su estado original, pero la Junta de Extremadura declaró la imposibilidad de ejecutar esas sentencoias. Presentó un incidente de inejecución, que el TSJEx resolvió finalmente con el auto de julio de 2020. De hecho, la Junta ya había activado los trámites para comenzar a ejecutar el plan de demolición parcial en Isla de Valdecañas y de mejora medioambiental de la zona.