Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado y primo del alcalde de Madrid,José Luis Martínez Almeida, es el familiar que Fiscalía Anticorrupción sitúa como pieza clave en la presunta trama para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, según fuentes cercanas a la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño como responsables de la trama, según adelantó eldiario.es. Ambos actuaron "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y no sólo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Naty Abascal, sino de conocer a un allegado de Almeida, de acuerdo al escrito de la Fiscalía.
"La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Según fuentes cercanas a la investigación, el citado familiar es Carlos Martínez-Almeida Morales. En el entorno del alcalde se le conoce como el "primo guapo" de Almeida.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Martínez Almeida tiene un despacho de abogados, Martínez-Almeida Abogados.
Según consta en su página web, el primo del alcalde realizó los cursos de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho Mercantil, así como cursos de postgrado en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., es árbitro de la Corte Española de Arbitraje y especialista en litigación con más de 20 años de experiencia profesional.
Además, es Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico de distintas sociedades del ámbito sanitario, industrial, tecnológico y financiero. Es Patrono Tesorero de la Fundación Anar de ayuda a la Infancia, ámbito en el que ha participado de forma comprometida y activa como Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.
Según fuentes municipales, el familiar del alcalde no conoce a Luis Medina ya que "se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona".
"Este familiar facilitó el mismo mail que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario. Todas las empresas debían seguir el mismo cauce", señalan desde el Consistorio. "El Ayuntamiento no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador. El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas", precisan fuentes municipales.
Test no aceptables
La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de los contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40 % más caras.
La Fiscalía imputa a Medina y Luceño los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos cuatro de esos millones "por no ser el modelo acordado en la compra", según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento".
Según la querella, "estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir".
Los contratos se firmaron en marzo de 2020, "en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios" que los investigados aprovecharon para "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesa de material necesario.
Anticorrupción pone de relieve que el Consistorio madrileño pagó 11,9 millones de dólares y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas pero pagando un 40 % más del precio ofertado por el vendedor de China.
