El juez prorroga la investigación contra Gali en la Audiencia Nacional por presuntas torturas a un activista saharaui

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha prorrogado seis meses la investigación contra el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por las presuntas torturas que el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica habría sufrido en 2019 en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que esta última prórroga se debe a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 aún tiene pendiente interrogar a un testigo propuesto por Breica que habría presenciado las presuntas torturas por estar detenido en la misma cárcel.

Este hombre debía haber comparecido ante Pedraz hace más de un año, pero su declaración en sede judicial se ha ido postergando sucesivamente por problemas con la obtención del visado para entrar en España, que aún continúan, según las mismas fuentes.

En la querella, Breica acusa a Gali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Según relata, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

En su declaración ante Pedraz -el 29 de junio de 2021-, Breica insistió en que fue torturado durante seis meses en una cárcel secreta del Frente Polisario, apuntando a Ghali como su máximo responsable. Además, denunció que no sería la única víctima, sosteniendo que la tortura sería una práctica habitual del Frente Polisario entre los refugiados saharauis, al tiempo que reprochó a Argelia que permitiera esto en su territorio.

Dos frentes judiciales

La querella de Breica es la única que sigue viva contra el jefe del Polisario en la Audiencia Nacional. Pedraz archivó la formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por delitos de genocidio en relación con hechos presuntamente cometidos contra miembros del pueblo saharaui entre 1975 y 1990.

Ghali declaró en la AN el 1 de junio de 2021 para negar cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos de las que le culpan. Su defensa argumentó entonces que, como ministro de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), estuvo dedicado "en exclusiva" a la guerra contra Marruecos, por lo que "era ajeno a cualquier centro de detención", donde habrían ocurrido las torturas.

Ese 1 de junio, Pedraz rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes -prisión provisional y retirada de pasaporte- al no ver indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno, por lo que esa misma madrugada el líder del Frente Polisario partió hacia Argelia.

Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, continúa investigando la entrada de Ghali en España el 18 de abril de 2021, pero enfocada ahora hacia el pasaporte falso que se utilizó para identificar al también presidente de la RASD a su llegada al hospital San Pedro de Logroño, donde estuvo ingresado por coronavirus.