Bloqueo institucional

El Supremo ha perdido ya más de una cuarta parte de sus magistrados mientras se acumulan causas y se aproxima el colapso

El CGPJ fracasó el pasado febrero a la hora de adoptar una respuesta común ante la situación provocada por la reforma penal de 2021, que le impide hacer nombramientos estando en funciones

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo.

Cristina Gallardo

El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que declara la jubilación forzosa con fecha de ese mismo 27 de marzo de la magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Inés Huerta. Su salida acrecienta el número de vacantes en esta Sala, que suma únicamente 22 magistrados, pese a que debería tener ocupadas once plazas más.

Pese a ser la más afectada, la de lo Contencioso no es la única sala de las cinco que integran el alto tribunal que acumula demasiadas bajas, ya que en todo el Supremo son ya 21 las vacantes originadas por jubilaciones o salidas a destinos privados, lo que supone más de una cuarta parte del total de 79 magistrados que deberían componer el órgano. En abril se sumará la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, de la Sala de lo Penal, que era la única que hasta el momento conservaba toda su composición intacta.

La situación ha sido calificada de “insostenible” de forma reiterada por el propio alto tribunal, que ve acumularse los procedimientos y menguar la composición de sus salas sin poder aplicar más que parches, como han sido los refuerzos en la plantilla de letrados del Gabinete Técnico que auxilian a los jueces en la redacción de las resoluciones.

El problema se arrastra desde que en marzo del 2021 una reforma auspiciada por el PSOE y Unidas Podemos limitó una de las principales funciones del Consejo General del Poder Judicial, que es la de realizar los nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo y otras instancias superiores mientras se encuentre en funciones. 

Sin visos de renovación

Como el PP mantiene bloqueadas las negociaciones para renovar el órgano, los meses van pasando y las bajas en el alto tribunal se acumulan, llevando a una situación de la que, quien fuera presidente del órgano hasta su dimisión el pasado mes de octubre, Carlos Lesmes, llegó a decir que tendrá consecuencias “devastadoras”.

 A finales del pasado 2021, el Supremo llegó a calcular que se dictarían 1.000 sentencias menos al año, si bien en dicho momento las plazas vacantes no superaban el 13 por ciento y no se tenía el triste convencimiento, que a día de hoy casi nadie cuestiona, de que el órgano de gobierno de los jueces no será renovado en lo que queda de legislatura.

Ya hace más de un año, la Sala de Gobierno movió ficha y reclamó medidas urgentes y modificaciones legales ante el alud de recursos que se esperan precisamente en la Sala más afectada, la de lo Contencioso-Administrativo, en relación con reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial debido de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente al covid. Pese a los anuncios legales por parte del Ministerio de Justicia, incardinados en el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, aún pendiente de aprobación, por el momento la única respuesta ha pasado por reforzar al personal del Gabinete Técnico y varios intentos fallidos de acuerdo para renovar el Consejo.

Otro factor que abunda en el colapso pasa por otra reforma legal aprobada en 2015, puesta hasta dicho momento los asuntos que llegaban al Supremo tenían que tener una especial repercusión por distintas razones, como el importe de las reclamaciones. Desde entonces lo que es determinante es el interés casacional --que se trate de un asunto no dirimido por la doctrina--, lo que supone que el número de recursos de casación haya aumentado en los últimos años.

Falta de acuerdo también en el CGPJ

También desde el propio Consejo del Poder Judicial se ha intentado hacer llegar esta situación al legislador, que es el que en último término tiene la responsabilidad de renovar el órgano mediante el acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios. De hecho, son los diputados los que eligen a los vocales del Consejo entre una selección inicial elaborada con una mezcla de candidatos de asociaciones judiciales y jueces independientes que reúnen avales de sus compañeros.

Sin embargo, la división existente en el órgano ha impedido incluso adoptar una postura común sobre este asunto. Así ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando fracasó por falta de acuerdo --únicamente obtuvo 8 apoyos--una propuesta elaborada por la Comisión Permanente en la que se proponía remitir al Congreso y al Senado el informe elaborado por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre el impacto que para la actividad de cada Sala que provoca la actual situación.

En el Congreso, y ante la falta de acuerdo, la única medida destacada es la presentada el pasado mes de enero por el PP dirigida a modificar dos artículos concretos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para fijar por ley un refuerzo de letrados para el Gabinete Técnico del órgano y también para permitir que los jueces españoles puedan elevar su edad de jubilación desde los 70 a los 72 años, ampliando esta posibilidad a los 74 en el caso del Tribunal Supremo. La propuesta aún no ha sido discutida en el Parlamento.