La comitiva de la Comisión de Venecia indaga en los aspectos técnicos de la tramitación de la amnistía

Siete miembros de la Comisión de Venecia han estado jueves de un lado para otro de Madrid. Primero en el Ministerio de Justicia, después en el Congreso, de ahí se han ido a la sede del Consejo General del Poder Judicial y, por último, al Senado. Un tour completo por las instituciones españolas con un único objetivo, reunir toda la información posible sobre la ley de amnistía. O, más bien, sobre su tramitación, sobre el procedimiento que se está siguiendo para aprobar la norma y sobre si se cumplen o no las garantías de separación de poderes. Dejando a un lado los contradictorios discursos políticos que han hecho los partidos, la Comisión ha puesto el acento en los aspectos más técnicos de la ley, sin entrar a valorar la idoneidad de la medida de gracia o su encaje constitucional.

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Siguiendo un esquema con dudas y cuestiones que remitió el PP a la Comisión de Venecia cuando solicitó a este órgano un informe sobre la ley, la comitiva se reunió a primera hora de la mañana con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Fuentes de Moncloa explican que el ministro ha ofrecido "toda la colaboración" y ha defendido que la ley de amnistía es "positiva" porque contribuye a la "convivencia" y respeta la Constitución y el derecho europeo.

Sin embargo, el plato fuerte ha sido la reunión con la comisión de Justicia del Congreso, donde se está tramitando la ley. Los siete miembros, reunidos con los portavoces de todos los partidos, han centrado sus intervenciones en torno a la tramitación de la ley. Han preguntado por qué la amnistía se vehicula como una proposición de ley -una iniciativa que impulsó el grupo parlamentario socialista- y no como un proyecto de ley -reservado al Gobierno-; sobre si se debatieron las enmiendas a la totalidad o sobre por qué la medida de gracia no se menciona en la Constitución.

Toda la información posible

Al margen de una intervención inicial más política, los partidos han tenido tiempo después para responder a todas estas cuestiones. Sobre el uso de la proposición de ley, el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha explicado que los indultos son una "prerrogativa" del Gobierno, pero que la amnistía le corresponde a las Cortes Generales por tratarse de un asunto político. Otras formaciones han señalado que las enmiendas a la totalidad de PP y Vox fueron rechazadas por una amplia mayoría. Y así, con el resto de asuntos. No obstante, la propia Comisión ha emplazado a todos los grupos a remitirles por escrito toda la información que deseen.

Más allá de la amnistía y de cómo se está tramitando, también han salido en el debate temas como las comisiones de investigación que pactó el PSOE con ERC y Junts -ambas formaciones han explicado que no tienen nada que ver- o la cuestión del terrorismo, que aunque la Comisión no ha preguntado directamente sí ha sido mencionado por casi todos los grupos. No obstante, distintas fuentes presentes en la reunión explican que el presidente de esta comitiva, el holandés Martin Kujier, ha asegurado que su función no es valorar si la amnistía es idónea o no, sino "si los trámites se están cumpliendo".

Justo sobre los procedimientos se ha pronunciado la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, que le ha explicado a los miembros de la Comisión que el PP modificó el reglamento de la Cámara Alta de manera exprés y pasando el rodillo de su mayoría absoluta con el único objetivo de retrasar la tramitación de la amnistía. También ha señalado que las preguntas realizadas por la Comisión están basadas solo en la petición que aprobó el PP en la Mesa del Senado haciendo uso de su mayoría, por lo que están "sesgadas".

La cuestión política

Independientemente de las intenciones de la delegación, los portavoces parlamentarios se han centrado en exponer sus opiniones más políticas. La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que lo que su partido ha trasladado a los expertos es que lo que está en juego con la ley de amnistía "no es la convivencia de los catalanes y las catalanas, sino la vigencia del Estado de derecho", informa Paloma Esteban.

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Tras la intervención del PP, y a excepción de Vox, el resto de formaciones se ha dedicado a combatir el discurso de los populares y ultras. El socialista Aranda ha explicado que el objetivo de la norma es apostar por la "convivencia" y ha afirmado que la ley es "conveniente, sólida, constitucional e impecable". Tanto ERC como Junts se han centrado en explicar el contexto de la ley de amnistía y que esta proviene de muy atrás y no de la investidura de Pedro Sánchez, como argumenta la derecha.

La visita completa

Además, la Comisión de Venecia, cuyas conclusiones no son vinculantes, ha mantenido una cita con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y las cuatro asociaciones de jueces. Tres de estas han dedicado sus cinco minutos a criticar la ley de amnistía y las sospechas de 'lawfare'. Carmen Gámiz, de la asociación Francisco de Vitoria, centró su intervención en la vulneración de la igualdad ante la ley que entiende que supone el texto, informa Ángeles Vázquez.

Por su parte, la APM destacó que la iniciativa carece de causa relacionada realmente con el interés general e insistió en que colisiona con aspectos básicos esenciales del ordenamiento comunitario, en lo relativo a los delitos de terrorismo y de malversación. Además, el CGPJ ha facilitado a los miembros de la Comisión todos los acuerdos alcanzados en relación con la amnistía y en defensa de los ataques a magistrados por acusaciones de 'lawfare'.

La visita terminará este viernes, con reuniones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con expertos del Centro de Estudios Constitucionales. También se han citado con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en lo que será un encuentro institucional para explicarles solo el control constitucional que ejercerá una vez la ley se apruebe y si es recurrida. Según informó la propia Comisión de Venecia, el informe estará listo, a más tardar, para la sesión plenaria del próximo 15 y 16 de marzo, aunque la propia delegación ha transmitido a los partidos que si tienen urgencia pueden solicitarlo antes.