Una asociación de fiscales pide al Supremo que anule el nombramiento del fiscal general por "progubernamental"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha formulado demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el decreto del pasado mes de diciembre que renovó en su cargo a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. El fundamento de la demanda pivota sobre su falta de idoneidad para el desempeño del cargo que se acredita, según los demandantes, en la reiterada "sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves" que culminaron con la anulación por el propio alto tribunal del ascenso a la cúpula fiscal que García Ortiz propició para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.

La formalización de este recurso, anunciado el pasado mes de febrero, coincide con el anuncio por parte del Gobierno de su interés por impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pondrá en manos de los fiscales la instrucción de los delitos. Desde esta asociación consideran que dicha reforma llega en mal momento y reclaman una reforma del Estatuto Orgánico de la carrera que garantice la independencia de los fiscales.

Para los demandantes lo ocurrido con respecto al nombramiento de Delgado, que se anuló por considerarse "desviación de poder", no es un hecho aislado y apuntan a otros nombramientos de García Ortiz que han sido cuestionados y a la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la pareja de la presidenta Isabel Díaz ayuso "contra unos fiscales que, según se informa en los medios de comunicación, actuaron por instrucciones del propio fiscal general" en perjuicio de este particular.

"La línea abiertamente progubernamental del FGE en el ejercicio de sus funciones se trata de reflejar en el recurso", según un comunicado hecho público por la asociación, que añade que la demanda recoge incidentes como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de miembros de la carrera por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales" o la negativa a tratar en el Consejo Fiscal el proyecto de ley de amnistía.