La reforma laboral complica las prejubilaciones de la fusión

El ajuste laboral que conllevará la fusión de Ibercaja y Caja3 no será un camino de rosas desde el punto de vista jurídico. Los cambios legislativos registrados en el último año encarecen las condiciones para llevar a cabo las denominadas prejubilaciones, que es la fórmula habitual utilizada para reducir plantilla en el sector financiero. La reciente reforma laboral abarata el despido de forma generalizada, pero paradójicamente lo encarece en el caso de un ERE de grandes empresas con beneficios, situación en la que se encuentra el grupo resultante de esta integración.

Los sindicatos confían en dar con una solución que sea lo más beneficiosa posible para ambas partes (empresa y trabajadores), pero son conscientes de las dificultades añadidas que entraña la actual legislación. "Habrá que buscar fórmulas imaginativas", apuntó ayer un sindicalista. De momento, cuentan con el compromiso de ambas entidades de llevar a cabo un ajuste de personal negociado, ordenado y no traumático, según la declaración de intenciones que la dirección de cada caja transmitió ayer a los representantes de la plantilla en sendas reuniones.

El mecanismo habitual para reducir plantilla en bancos y cajas ha sido ha sido la prejubilación, un concepto no recogido en la legislación que en la práctica viene a suponer un despido incentivado. Esto consiste en la salida de los trabajadores con 50 o más años, que cobran el paro durante los dos primeros años y luego recibían de la entidad un porcentaje de su sueldo hasta acceder a su pensión por jubilación (a los 64 o 65 años). El caso más reciente en Aragón es el ERE que comenzó a aplicarse hace dos años con la fusión de Caja3, por el que se prejubilaron 273 trabajadores (97 de CAI) con más de 57 años en unas condiciones muy ventajosas: dos años paro bonificado y una retribución posterior hasta el retiro de entre el 90% y el 95% del sueldo neto fijo. "Será difícil que ahora puedan darse estas condiciones", apuntan fuentes sindicales.

Ahora las reglas del juego son distintas. El cambio se produjo con la aprobación en abril del 2010 --dentro de la reforma de las pensiones-- de la llamada enmienda Telefónica, que impide a las grandes empresas con beneficios cargar al erario público parte del coste de los despidos de los trabajadores, como ha ocurrido ahora en el sector financiero. La reciente reforma laboral consolida este principio. De esta manera, los bancos en la situación descrita, como Ibercaja-Caja3, deben compensar al Estado el paro y las cotizaciones de los empleados de 50 o más años de los que prescindan (los llamados prejubilados), en un porcentaje que varía entre el 60% y el 100% del coste total.

La mayor novedad es que además la reforma laboral da un carácter retroactivo a la medida. Es decir, el grupo resultante de la fusión aragonesa debería compensar al Estado el coste del desempleo de los 273 prejubilados del ERE que aplica Caja3 desde hace dos años.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas y los sindicatos de banca dudan de que estas medidas se apliquen tal cual. Para empezar, la tramitación parlamentaria de la reforma laboral podría dulcificar estas onerosas condiciones que se cargan sobre las grandes empresas. "A todas las entidades les ha salido gratis hasta ahora, algún apaño harán", opinan. No en vano, tanto Ibercaja como Caja3 pueden argumentar que son de las contadas entidades que no han recibido ayudas públicas del FROB.

En cualquier caso, el recorte de personal está supeditado a la foto final de la fusión, ya que variaría si Ibercaja absorbe más cajas.