La kafkiana política del Gobierno central con la Administración de Justicia, a la que por segunda vez en apenas cuatro meses ha impuesto normas eventualmente inaplicables, ha provocado que cientos de causas permanezcan congeladas, sin poder ser tramitadas por el impago de las tasas judiciales, en los juzgados de Zaragoza.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de febrero el real decreto ley por el que modificaba, a la baja, las polémicas tasas judiciales que había impuesto el 20 de noviembre. En aquella primera ocasión, Hacienda tardó 25 días --hasta el 15 de diciembre-- en publicar los impresos necesarios para que procuradores y abogados tramitaran las liquidaciones. Ahora se ha tomado otros 35: las nuevas instancias no fueron publicadas en el BOE hasta el pasado sábado y no fueron utilizables, de hecho, hasta ayer, primer día hábil para litigar en las jurisdicciones Civil, Contencioso Administrativa y Social, en las que son de aplicación.

"En cada juzgado de Primera Instancia hay entre veinte y treinta procedimientos en stand by por la imposibilidad de liquidar las tasas", explicaron fuentes judiciales. En la plaza del Pilar hay 22 oficinas de esta jurisdicción, a las que se suman dos de lo Mercantil. Una situación similar se da en los siete tribunales de lo Social y los cinco de lo Contencioso Administrativo. Y también, aunque en menor medida por ser inferior el volumen de causas, en las tres secciones civiles de la Audiencia y las salas de lo Social y lo Civil y Penal del Tribunal Superior, que ven los recursos contra las resoluciones de los primeros.

"A partir de hoy (por ayer) sí que se exige la presentación de los impresos de liquidación de las tasas para recibir la demanda", explicaron las mismas fuentes, que señalaron que la inexistencia de esos papeles ha hecho que durante más de un mes los juzgados las hayan ido acumulando sin poder lanzar su tramitación.

EXCEPCIÓN La congelación afecta únicamente a personas físicas, ya que las jurídicas sí podían efectuar las liquidaciones.

La aprobación de las tasas judiciales provocó el rechazo unánime de los operadores judiciales. Tanto los jueces como los fiscales, los secretarios, los abogados y los procuradores --además de los funcionarios y otros colectivos como algunas organizaciones de consumidores-- mostraron su protesta en concentraciones y manifiestos contra una medida que, según sostienen, dificulta el acceso de los ciudadanos a los tribunales para defender sus derechos.

Cuando apenas llevaban tres meses en vigor --aunque el tiempo de aplicación era menor por el retraso en confeccionar los impresos de autoliquidación--, el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón rectificó.

El Consejo de Ministros aprobó el 22 de febrero un real decreto ley en el que admitía que "podrían llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en la tasa resultara excesiva". Así, señalaba que, "consecuentemente, aun partiendo de la legitimidad de la vigente configuración de la tasa, es necesario arbitrar los mecanismos que eviten que, ni siquiera con carácter residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados".

La nueva norma sitúa en el 50% del importe de la multa la tasa del recurso para combatirla --inicialmente no bajaba de 200-- e incluye, entre otras, novedades que afectan a los procesos civiles de capacidad, filiación, matrimonio, menores o división de patrimonios.