Reforma sí, pero pactada con las universidades

Durante el último consejo de universidades y en las conversaciones que he mantenido con el ministro de Educación, me transmitió que, efectivamente, pensaba hacer una reforma de la universidad pero siempre pactada con los rectores y de acuerdo con la propia universidad. El cambio, según Wert, no afectará a la propia ley sino a asuntos parciales y siempre estaría acordada con las instituciones académicas. Y nuestra postura, mostrada a través de la CRUE , no es contraria a poder abordar esta reforma. Así se lo hemos manifestado en numerosas ocasiones no solo desde que he accedido a la presidencia sino ya con el mandato anterior. En este sentido, hemos insistido en que los problemas más urgentes de la universidad son aquellos que se refieren, por un lado, a la financiación --aunque el ministerio siempre ha mantenido que no es un problema suyo sino de las comunidades autónomas--, y a la cuestión de las restricciones que se plantean, en términos generales, a las administraciones públicas. Porque son perjudiciales para la universidad, ya que se produce una extraordinaria limitación de la convocatoria de plazas debido a la tasa de reposición --porcentaje que se cubre de vacantes por jubilaciones-- y que, fijada en ese 10%, afecta, a largo plazo, a la carrera de profesores e investigadores jóvenes.

También desde el ministerio se ha manifestado una voluntad de reformar la duración de grados y postgrados. Ahora está establecida en 4 años para el grado y uno para el máster, pero están pensando en permitir que fueran 3 ó 4 para carreras y uno o dos para el postgrado. Esa es la horquilla que se permitiría y nosotros, en principio, no tenemos gran inconveniente siempre, eso sí, que sean las universidades las que puedan decidir.

En realidad, los rectores no estamos preocupados por un aspecto específico. Lo que realmente nos inquietaría es que esa reforma se hiciera sin hablar con nosotros o sin explicar las razones que puedan motivar una u otra decisión. Y también me preocuparía que no tuviéramos flexibilidad en las aplicaciones. Se trata, pues, de que las universidades puedan decidir, como en la elección del rector, que puede ser por claustro o por sufragio universal. Y en todo momento nos han dicho que se va a conversar con las universidades.

En cuanto a la financiación, el ministerio dice que poco puede decir porque es un asunto que afecta a las comunidades, pero creo que hay cuestiones que alcanzan también al Estado, como las becas. Todo está afectado por el déficit público y los presupuestos, pero sigo pensando que la universidad es una cuestión de suficiente importancia estratégica a medio y largo plazo como para que el Estado tome cartas en el asunto.

Por su parte, desde la consejería de Educación del Gobierno aragonés siempre se ha mantenido una posición más flexible en este aspecto, sobre todo en tasas o precios de matrícula de másteres. Que estos sigan bajando sería una postura acertada ya que no se consigue nada subiendo la tasa de los másteres porque, al final, no aumentan los ingresos sino que se reduce la matriculación.

Respecto a la Universidad de Zaragoza, mi postura está clara. Tenemos congelada la financiación básica procedente de la DGA, lo que aumenta la dificultad, ya que el gasto crece con la acumulación de trienios, quinquenios o sexenios y, por otro lado, los cero euros en inversiones nos suponen una dificultad muy importante en mantenimiento y, sobre todo para la remodelación de Filosofía y Letras.