El consejo tenía información, pero no detectó irregularidades

Ninguno de los miembros del primer consejo de administración de Plaza detectó irregularidades en la gestión de la plataforma. Según coincidieron los catorce integrantes del primer órgano de la empresa pública en la segunda sesión de la comisión de investigación que se desarrolló ayer en las Cortes, tenían suficiente información para tomar decisiones.

Eso sí, jamás vieron informes de control financiero, ni tuvieron constancia de los desfases en las obras de las naves construidas por Codesport ni los motivos de la contratación del director técnico Miguel Pérez Cervantes, ni, por ejemplo, el crédito de 42 millones de euros que la CAI concedió a Plaza sin autorización del Gobierno o que algunas contrataciones se hicieron sin cumplir los plazos. Nadie conocía el documento cero que se informó a espaldas del consejo y que permitió que las obras que hizo Codesport para Autocity pasaran a costar más de 32 millones de euros en lugar de los 14 iniciales. Ninguno observó irregularidades en nada, en consejos que duraban alrededor de hora y media y donde todo se aprobaba por unanimidad.

Insistieron en la idea contraria. El exconsejero de Economía, Alberto Larraz (PSOE) aseguró que en ninguna empresa que él conozca ha habido tantos controles como los establecidos en Plaza. Y lo expresó de forma gráfico: "El presidente de Estados Unidos es el hombre más protegido del mundo y aún así lo asesinan de vez en cuando". Remarcó que todavía no se ha probado ninguna irregularidad y que no hubo trato de favor con la empresa de Agapito Iglesias (Codesport). Como último gestor del periodo socialista de las cuentas de la comunidad recordó que su preocupación principal preocupación era poder aplazar la deuda que acumulaba la sociedad porque se había pasado de unos ingresos anuales de 50 millones a unos 5.

Inició la jornada el exconsejero de Obras Públicas y primer presidente de la sociedad Plaza, Javier Velasco. Una larga intervención en la que defendió la gestión de un proyecto en el que todos los comparecientes de ayer quisieron resaltar su éxito e importancia. Velasco no halló irregularidades y consideró que había controles a pesar de que la gestión obligaba a ser rápidos en los trámites. Esta versión también la corroboró el exconsejero de Economía Eduardo Bandrés quien indicó que había "numerosos controles". Tanto Velasco como Escó --el único imputado que ha roto su silencio y dio ayer toda clase de explicaciones a las preguntas de los miembros de la comisión-- consideraron que sin los anexos (a los que no han tenido acceso los diputados, que ayer recibieron una remesa) no se pueden entender las actas.

Se preguntó por la contratación del director técnico --era el perfil idóneo, a pesar de que llegó más tarde-- y del gerente, García Becerril. Tanto Bandrés --que lo contrató-- como uno de sus mentores, José Luis Marqués, defendieron la idoneidad de su perfil, por proceder del sector de la empresa multinacional. El propio Velasco llegó a reconocer que se aprobó pagarle un plus de productividad --de 12.000 euros-- por cumplir los objetivos sobradamente.

Más silencios hubo cuando se preguntó a los miembros del consejo si se abusó de los contratos sin publicidad, a lo que no se supo dar respuesta. Testimonial fue --salvo en el caso de Antonio Suárez-- la comparecencia de los integrantes del consejo que representaban al Ayuntamiento de Zaragoza (Manuel Blasco, Jerónimo Blasco y Ricardo Cavero) aunque todos ellos coincidieron en que había acceso a la información y no fueron conscientes de que se dieran irregularidades, como también corroboraron los miembros en representación del Gobierno de Aragón, José Luis Marqués y Andrés Cuartero.

Tampoco conocían los informes de fiscalización emitidos por el Tribunal de Cuentas en diversos años. Escó indicó que no cobró de la plataforma y que su relación era más con el departamento de márketing y comercial que con el financiero y el que de las obras. El exconsejero delegado y hombre fuerte del Gobierno en la plataforma indicó que nunca firmó pagarés más elevados de lo permitido, y que no los habría aceptado el banco.