El secretario general de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, calificó de "grave" y "complicada" la situación que atraviesan algunas empresas por los altos índices de morosidad pública, lo que deriva en una "falta de liquidez agudizada" por la restricción del crédito para el circulante. Ello supone, a su vez --añade-- problemas para las pymes en la compra de materias primas y el pago de nóminas, entre otros gastos corrientes.

A juicio de López de Hita, la morosidad pública es un "lastre" que se añade a la "privada". Así, por ejemplo, señala que las empresas de la construcción tardan en pagar 291 días en Aragón, mientras que las del comercio se retrasan 269 días.

En este sentido, recuerda que el 68% de las grandes empresas ya exigen mayores plazos en la negociación con proveedores, que incluso se triplica o cuadruplica lo establecido.

Por su parte, la asociación de autónomos ATA denuncia que la morosidad pública sigue siendo una de las grandes "asignaturas pendientes" y critica que más del 50% de los pequeños empresarios sufren sus efectos de forma directa. Por ello, la federación exige "un régimen sancionador" efectivo para quien incumpla la ley de plazos. "Cuando un autónomo se retrasa 24 horas en el pago de su cuota se le impone un recargo del 20%; las reglas deberían ser iguales para todos y si una administración paga en más de 60 días debería ser sancionada", subrayan desde ATA.

Además, el cierre de caja decretado el pasado mes de octubre agravó aún más el problema. Así, UPTA Aragón lamentó entonces que el Ejecutivo autonómico "no respeta la normativa sobre morosidad" y denunció que la DGA "recurra a los proveedores para financiarse". "Si la DGA no sirve como aval para los bancos, ¿qué van a hacer los autónomos para financiarse?", apuntó la organización.

En este sentido, UPTA defendió que, como mínimo, se podría haber hecho una excepción con los autónomos, ya que este colectivo es más "débil" que los grandes proveedores de la administración, que sí disponen de su propio sistema de financiación y "pulso financiero" para hacer frente a estas eventualidades. "Es una mala práctica que va en contra del criterio de defensa del trabajadores autónomos, que son el ADN de las empresas", lamentó.