Aunque las pesquisas judiciales se centren en una época en la que Zaragoza en Común (ZeC) no estaba en el Gobierno de la ciudad ni en la toma de decisiones sobre el tranvía, la nueva sombra de sospecha que se cierne sobre las obras les lleva a tomar medidas. O, como mínimo, a calibrar las consecuencias que pueden tener las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza a la gerente de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza, Ana María Moreno, y a los dos responsables técnicos que firmaron con ella la polémica certificación 41 de la obra --Francisco Calvo Manzano, representando al consistorio, y José Antonio Carriles, por parte de la UTE constructora (FCC-Acciona)--, en la que aparecían obras valoradas en 2,3 millones de euros que no se ejecutaron. Hasta que no presten declaración el lunes no hará movimientos, pero si se mantiene la imputación, ya sopesa pedir su cese.
Mientras, la responsable de Movilidad del consistorio, Teresa Artigas, decidió ayer urgir la celebración de un consejo de administración extraordinario de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza, donde ostenta el 20% del accionariado. Un encuentro que podría celebrarse, apuntó, "la próxima semana".
SE PAGABA POR HITOS
La espera se suple con la recepción de todos los documentos que, desde ayer mismo, han empezado a aterrizar en el despacho del responsable de Economía, Fernando Rivarés. Certificaciones de obra que, hasta el momento de recibir el escrito del juzgado, no tenían recopilados, y otros nuevos que tendrá que facilitarles en las próximas horas el consejo de Los Tranvías.
Facturas que acrediten los trabajos realizados en una ejecución de obra que se formalizó en un contrato a precio cerrado. Una complejidad que hace que no sirva solo la documentación con la que hasta ahora se habían acreditado los trabajos. Los técnicos y los responsables políticos en la pasada legislatura defendieron que los pagos se realizaban según se iban cumpliendo hitos en el desarrollo del proyecto. Ahora la jueza podría pedir más detalles de esos trabajos en la plaza Paraíso, en la de España, en el aparcamiento de Puerta Cinegia y en las cocheras de Goya que no se ejecutaron finalmente. Pero más aún de esos otros trabajos que la UTE constructora y la sociedad Los Tranvías aseguró que se ejecutaron, sin estar contempladas en el proyecto inicial, y por el mismo importe. Son trabajos que, según ha podido constatar este diario, no figuran en la polémica certificación 41, la última, que ponía fin a la ejecución de un proyecto que se fijó desde el principio en 350 millones.
Por eso la jueza Nicolasa García ha decidido imputar a la gerente actual y a los dos ingenieros que plasmaron su firma en el documento. Los tres pasarán el lunes por el juzgado y, días después, por el consejo de administración de Los Tranvías. Porque desde Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, su portavoz y miembro de ese consejo --junto al alcalde Pedro Santisteve y la propia Artigas--, requirió ayer que los tres den explicaciones y aporten la documentación que ahora está bajo sospecha.
Mientras, el PP municipal se adelantó ayer a la posible decisión de ZeC y presentó una moción para el próximo pleno en la que se insta al Gobierno municipal a pedir el cese de Ana María Moreno de la gerencia. Y a que, a partir de ahora, todos los grupos municipales tengan presencia en el consejo.
