Hasta el presidente de Prisa y el ministro Rubalcaba figuran citados en el sumario de La Muela. Las presiones que ha ejercido la trama de la Operación Molinos para intentar conseguir sus propósitos han llegado hasta las más altas esferas de poder, autonómico y nacional. Y no siempre procedentes de la principal encausada, la alcaldesa del municipio María Victoria Pinilla.

Según se desprende de las intervenciones telefónicas que durante más de un año efectuó la Policía, José Carlos Fernández Delgado, el propietario de la empresa madrileña Brocover y actualmente en prisión, llegó a conseguir información del PSOE a través del presidente de Prisa, según le explica a Pinilla en una conversación que mantuvieron el 6 de mayo del 2008.

"Me ha llamado el presidente de Prisa, que ha hablado con gente del PSOE de Zaragoza. No me ha dicho con quién pero con alguien mu gordo (...) Le dijo que tenía un amigo que había hecho inversiones y quería saber cómo estaba... Y le han dicho... Dile a tu amigo que se salga de la operación. Este proyecto está envenenado y jamás va a salir... Y me ha dicho que hay una importante guerra montada entre el PAR y el PSOE... Están a guantazo limpio".

El proyecto al que hace referencia tiene que ver con los terrenos que Fernández Delgado había comprado por 30 millones de euros, con el compromiso de que iban a ser recalificados, por los que tenía que discurrir la circunvalación de La Muela. El plan fue paralizado por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) y es una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza ha dado a Pinilla y a otros imputados en la trama.

Los problemas con este plan, que el dueño de Brocover y otra de las imputadas, María Jesús Velilla, hacen suyo --"nuestro plan", dicen-- llevó al primero y a la alcaldesa a mover todos los hilos que tenían a su alcance para intentar desbloquearlo.

Fernández Delgado, en Madrid, donde tiene ubicadas sus empresas, y Mariví Pinilla, en Aragón. A primeros de mayo, la alcaldesa de La Muela ya considera que tiene "un problema con el COTA". Por lo menos así se lo hace saber a su compañero de partido y alcalde de Cuarte, Jesús Pérez, en una conversación telefónica. "Tengo un problema con un plan parcial ¿A quién toco? ¿Quién tiene más poder, Biel o Boné?", le dice.

Pinilla llegó a hablar con el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, a quien le pide que dé "un toque" para que "incluyan el plan parcial en la COT...", pero este le recomendó hablar con su jefa de gabinete; previamente lo había hecho con el consejero de Industria, Arturo Aliaga, al que cariñosamente llama "Arturico".

GESTIONES PARALELAS En paralelo a estas gestiones de la alcaldesa, el dueño de Brocover llevaba su particular guerra con María Jesús Velilla, propietaria de Gestión Urbanística Zaragoza y madre de otro de los implicados, Antonio Royo, guardaespaldas del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

El escolta, en una conversación con Fernández Delgado, alude a una persona (sin ponerle nombre) que le va a decir si el plan de la variante se va a tratar en la próxima reunión de la comisión. "Le entré como me dijiste, que mi madre tenía una inversión gorda, que había metido a otras personas y nos estaban apremiando los plazos...". "Cuando le he dejado en casa me ha dicho: Toño, tranquilo que lo hablamos mañana, que no hay problema...".

A través de las conversaciones intervenidas, el empresario madrileño se muestra desesperado por las continuas "mentiras" de Pinilla, a la que insulta en varias ocasiones. Su mayor preocupación es que para avalar el crédito de 30 millones ha hipotecado su patrimonio personal y los plazos empiezan a agobiarle.

Así se lo hace saber también a la hija de Velilla, a la que vuelve a reproducirle la conversación con "el dueño de Prisa" y cómo éste habla con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien a su vez obtiene información, dice, de Marcelino Iglesias.