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POLÍTICA social del ejecutivo CENTRAL

Los mileuristas tendrán ayudas de hasta 10.800 € para comprar piso

El proyecto prevé poner viviendas de la banca a disposición de familias que han sido desahuciadas. El Gobierno eleva las subvenciones al alquiler para los menores de 35 años y los mayores de 65

Los mileuristas tendrán ayudas de hasta 10.800 € para comprar piso

El Gobierno planea dar una ayuda a partir del año que viene de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda habitual a los jóvenes de hasta 35 años que tengan unos ingresos mensuales inferiores a 1.597,53 euros (es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), con un límite del 20% del valor del inmueble. Los beneficiarios tendrán que vivir en el piso durante al menos cinco años. También apoyará a este colectivo con ayudas de hasta el 50% de la renta para alquileres de hasta 900 euros durante tres años.

Esta es la principal novedad del borrador del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó ayer con la afirmación de que tiene un «enfoque claramente social». Los principales objetivos del proyecto son «ayudar a las personas que más lo necesitan» (los jóvenes, los mayores y las familias desahuciadas), incentivar la oferta de alquiler a precios asequibles y promocionar la rehabilitación, así como flexibilizar la gestión de las comunidades autónomas, que son las que llevan a la práctica las medidas una vez firmados convenios con el Estado.

El Gobierno remitirá el plan a las comunidades autónomas en los próximos días. Pero la cuestión principal es cuál será la cuantía que el plan destina a cada una de ellas.

Los mayores de 65 años con unos ingresos también inferiores a tres veces el IPREM y un patrimonio inferior a 100.000 euros podrán elegir durante tres años entre una ayuda de hasta el 50% del alquiler (para recibos de hasta 900 euros) o un apoyo, caso de tener la vivienda en propiedad, de hasta 200 euros para los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos (agua, luz y gas). El Ejecutivo también planea pagar hasta el 40% de la inversión a las entidades públicas y privadas que construyan edificios o complejos residenciales destinados durante al menos 40 años al alquiler para personas mayores.

PRECIOS DISPARADOS /El ministro reconoció, asimismo, que los precios del alquiler están disparados, particularmente en Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares, porque «está creciendo la demanda pero no la oferta en la misma medida». Las personas que buscan arrendar, argumentó, aumentan porque la crisis ha disminuido su capacidad de comprar, por la movilidad laboral y por el aumento de los alquileres vacacionales a consecuencia del boom turístico. Por ello, el Gobierno ha elaborado medidas para apoyar a los arrendatarios y aumentar los pisos disponibles.

En esta línea, los hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM podrán recibir una ayuda de hasta el 40% del alquiler (hasta ahora el límite era 2.400 euros al año) de su vivienda habitual durante tres años siempre que el alquiler no supere los 900 euros al mes (frente a los 600 anteriores). El Gobierno también subvencionará con hasta el 50% de la inversión y 36.700 euros por vivienda a los promotores públicos, y por primera vez, privados que construyan pisos que deberán destinarse a alquiler para familias con rentas bajas durante 25 años (hasta ahora eran 50).

PARA DESAHUCIADOS / El proyecto del Ejecutivo también contempla poner a disposición de familias desahuciadas y con ingresos inferiores a tres veces el IPREM viviendas vacías del banco malo semipúblico Sareb y de las entidades financieras. Los precios de los alquileres serán de entre 150 y 400 euros al mes, y la ayuda pública podrá ser hasta del 100% durante dos años, según lo determinen los servicios sociales autonómicos o municipales. El Ministerio asumirá el 80% de la renta y las autonomías, el 20% restante.

Las comunidades autónomas han enviado ya alrededor de 250 propuestas a Fomento para elaborar el plan. El ministerio va a debatir ahora el contenido de su borrador con las propias autonomías y también con los ayuntamientos y el sector privado hasta el 30 de mayo, con el objetivo de comenzar a tramitar la versión definitiva a partir de junio para que entre en vigor en enero del 2018.

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