La primera evaluación del programa "Housing First" (Primero la vivienda), bajo el cual 10 personas sin hogar accedieron a una vivienda municipal en Zaragoza, indica que todos ellos mantienen su alojamiento y mejoran considerablemente su calidad de vida, especialmente en seguridad y relaciones familiares.
El perfil de acceso era el de mayores de 18 años, con una dilatada trayectoria sin hogar y un problema de salud mental, adicciones o discapacidad.
Con estos requisitos, el Ayuntamiento de Zaragoza seleccionó una treintena de candidatos de los que se hizo una asignación aleatoria de cinco personas que accedieron a sus viviendas en noviembre de 2016 y otras cinco que lo hicieron en junio de 2017.
De ellos, todos continúan en el programa, salvo una persona que falleció por causas naturales y fue sustituida por otra.
De los diez beneficiarios en Zaragoza, ocho son hombres, siete de nacionalidad española, dos tienen algún problema de salud mental, todos sufren alguna adicción y cuentan con una edad media de entre 52 y 53 años.
Para realizar la evaluación externa del programa, se han comparado los datos de estas diez personas con los del grupo de control formado por el resto de los seleccionados previamente por los servicios sociales municipales.
Así, la directora de Evaluación de RAIS, Vanesa Cenjor, ha señalado que, mientras en el grupo de control la satisfacción global con la vida solo aumentó ligeramente, entre las diez personas que accedieron a una vivienda esta pasó del 3,91 al 5,44.
Del mismo modo, de cinco personas que se consideraban victimizadas en el momento inicial ahora solo lo están dos y ninguna de ellas se siente discriminada.
En cuanto al bienestar, en estas diez personas ha pasado de un 4,36 a un 1,5 (siendo 0 el estado ideal), mientras que en el grupo de control empeoró -de 3,9 a 6-.
Asimismo, mientras ambos grupos manifestaban un índice de calidad de vida prácticamente idéntico en el momento inicial, en solo 12 meses el de los beneficiarios del programa Hábitat pasó de un 47,7 a un 68,1 por ciento.
El aspecto que más mejoró para estas personas es el relativo al alojamiento, pero también se han observado mejoras significativas en seguridad y relaciones familiares.
Por tanto, entre las conclusiones de la evaluación Cenjor ha destacado que se demuestra que la vivienda es un punto de anclaje en la recuperación de la confianza y en el inicio de un proceso de cambio, que supone un cambio en la seguridad personal y tiene efectos en una normalización del uso de los servicios sociales o la sanidad, con una menor utilización de las urgencias o las hospitalizaciones.
Por su parte, el director del programa Hábitat, Roberto Bernad, ha indicado que el "sinhogarismo" alcanza a 23.000 personas en toda España, de las que unas 8.000 duermen diariamente en la calle, mientras que en Zaragoza el albergue atiende a unas 2.236 personas y se calcula que 126 viven en las calles.
Ha juzgado que el "sinhogarismo" es un problema estructural, en primer lugar de vivienda, debido a las "inexistentes" o "malas" políticas que hay al respecto en España, con solo un 2 % de vivienda social frente al 15 % de media de Europa o el 30 % en algunos países, los 172 desahucios al día desde 2013 o el aumento de un 25 % del precio del alquiler desde el mismo año.
Además, ha coincidido en que equipamientos como los albergues están diseñados para acoger a las personas de manera transitoria y en que la situación de muchos de ellos se ha cronificado, con un 44 % que lleva más de tres años sin hogar o con un 15 % de las plazas de estos lugares que no están ocupadas mientras sigue habiendo gente en la calle, por lo que ha tachado el sistema de "ineficiente".
A su juicio, los servicios sociales "infantilizan" a estas personas y "les quitan capacidad de decisión" y por ello defiende un cambio de paradigma mediante estrategias centradas en la autonomía de las personas.
En total, la Fundación RAI ha alojado gracias al programa Hábitat a más de 300 personas en 14 municipios del país.
Los beneficiarios se comprometen a aceptar una visita semanal, a convivir de forma adecuada con su vecindario, a aportar el 30 por ciento de sus ingresos si los tienen y a realizar una entrevista de evaluación cada seis meses.
La vicealcaldesa, Luisa Broto, ha situado este programa junto al plan municipal para atender a las personas sin hogar, los "excluidos de los excluidos", que entronca también con la reforma del albergue, un equipamiento "desfasado" para el siglo XXI, que pasará a llamarse "Centro de inserción y acogida de personas sin hogar".
