Un total de 9.200 expedientes de inmigrantes que residen en Zaragoza aún no se han resuelto. Un claro síntoma de la gran carga de trabajo que tienen los servicios de atención a extranjeros, que desde el pasado mes de julio han triplicado su actividad respecto al 2003.
Estos datos fueron dados a conocer ayer durante la presentación de la nueva Oficina de Extranjeros de la capital aragonesa, ubicada en la calle Obispo Covarrubias y que se inaugurará el próximo día 29 de este mes. Un acto al que asistieron el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández; el subdelegado del Gobierno, Juan José Rubio; y la jefa del Servicio de Extranjería de Zaragoza, Concha Gil.
Según explicó Gil, de los 9.200 casos pendientes, 2.000 corresponden a renovaciones de permisos. La jefa del Servicio de Extranjería de Zaragoza indicó además que desde el pasado mes de julio, cuando entró en funcionamiento el Plan de Medidas Urgentes, se han resuelto 24.018 casos, frente a los 8.859 del mismo período del año pasado, ya que durante el primer semestre el grado de resolución fue bajo. Cada día se atienden entre 250 y 300 consultas.
La nueva sede, de 1.500 metros cuadrados y que ha supuesto un coste de 1,1 millones de euros, permitirá centralizar la atención a extranjeros, que hasta ahora se prestaba en tres dependencias distintas: paseo Fernando El Católico, General Mayandía y plaza del Pilar.
A juicio de Rubio, esta "experiencia piloto" ofrecerá amplias ventajas a quienes precisen de los servicios y permitirá actuar "con más rápidez", ya que incluirá "una línea de atención telefónica, para que no haga falta desplazarse por pequeñas cuestiones, y un sistema de citas por internet que se pondrá en marcha el año que viene". También habrá un departamento de atención rápida para los casos menos complejos.
Por su parte, Fernández destacó "el consenso" alcanzado sobre el nuevo reglamento anunciado por el Ejecutivo central para la "normalización" de los inmigrantes y recordó que ya no serán los ciudadanos extranjeros los encargados de presentar las solicitudes, sino los contratantes --salvo en los casos de quienes trabajan como asistentas domésticas--. Gil aseguró que no se pueden dar cifras "fiables" sobre el número de ciudadanos que se beneficiarán en Aragón de la nueva normativa.
La oficina, en la que trabajarán 45 funcionarios más personal contratado, contará con un área de atención al ciudadano, una unidad de gestión, una sección de asuntos jurídicos y recursos, y otra para residentes en la Unión Europea.
