El Tribunal Supremo ha absuelto al encargado de mantenimiento de una avioneta adquirida en Huesca por una organización internacional de delincuentes para el transporte de droga procedente de Marruecos y su posterior distribución ilegal en España e Italia.

Por estos hechos fueron condenados por la Audiencia Nacional seis supuestos miembros de la organización a penas de 3 años de prisión, y entre ellos el mecánico encargado del mantenimiento de la avioneta Cessna adquirida en la provincia oscense.

La organización, formada por ciudadanos italianos, marroquíes y españoles, había previsto la adquisición de una avioneta de tren delantero de ballesta preparada para aterrizar en cualquier tipo de terreno, operación que llevó a cabo a través de una empresa constituida en un paraíso fiscal.

Así, según la sentencia condenatoria, cuatro integrantes de la red se desplazaron en diciembre de 2005 al aeródromo de Santa Cilia de Jaca (Huesca) para ver una avioneta en venta, que finalmente fue adquirida por 30.000 euros a través de una sociedad mercantil constituida previamente en Gibraltar.

La operación policial se llevó a cabo el 16 de febrero en el aeródromo de Murcia, donde los agentes intervinieron dieciséis fardos con 472.000 kilogramos de hachís.

El mecánico de la aeronave fue detenido ese mismo día a las puertas de su domicilio por su presunta implicación en la organización criminal.

En su resolución, el Tribunal Supremo descarta, sin embargo, la existencia de pruebas incriminatorias contra el mecánico y resalta que la única función que tenía acreditada era la del mantenimiento de la avioneta.

Según los magistrados, "del hecho de que estuviera encargado del mantenimiento de la avioneta no puede desprenderse directamente que conociera cómo iba a ser utilizada o que realizara cualquier otra acción de favorecimiento o colaboración con la operación de tráfico de drogas".

El Tribunal Supremo absuelve al mecánico del delito de narcotráfico por el que había sido condenado, pero mantiene las condenas impuestas al resto de miembros de la organización, cuya participación en los hechos considera probada.