En los últimos años, Aragón se ha consolidado como el mayor productor de fruta de hueso de España. Pero ahora, la amenaza no es el auge de otra región o las malas cosechas actuales, sino el virus Sharka-m que también puede ser denominado Plum pox virus tipo Marcus (PPV-m). Se trata de un organismo nocivo que causa daños muy graves a frutales de hueso y a otras plantas del género Prunus (árboles y arbustos de la familia Rosaceae con especies como melocotonero, cerezo o el ciruelo). Es es especialmente agresivo en los melocotoneros y nectarinos. Su transmisión tiene lugar mediante pulgones de forma no persistente y por material vegetal propagativo infectado.

Aragón es una tierra propicia para este tipo de cultivos y muchas regiones dependen económicamente de esta actividad. De hecho, la DGA ve «necesario» establecer medidas adicionales de protección y, por esta razón, este proyecto de orden salta a la palestra debido a un «elevado número de resultados positivos detectados en campañas pasadas en zonas de las comarcas de Bajo Aragón Caspe y del Matarraña», dicta el escrito. Según informaron desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), los productores asociados conocen la existencia del virus, pero todavía no han tenido que lamentar afecciones de este tipo. Sí que las ha habido, por ejemplo, de fuego bacteriano.

El ámbito de aplicación comprende municipios como Aguaviva, Caspe, Híjar, Nonaspe, Albalate del Arzobispo, Castelserás, Jatiel, Oliete, Alcañiz, Castelnou, La Fresneda, Parras de Castellote, Alcorisa, Castellote, La Ginebrosa, Samper de Calanda, Alloza, Chiprana, La Puebla de Híjar, Sástago, Andorra, Cretas, Lledó, Seno, Arens de Lledó, Escatrón, Maella, Torre de Compte, Ariño, Fabara, Más de las Matas, Urrea de Gaén, Berge, Fayón, Mazaleón, Valderrobres, Calaceite, Foz-Calanda, Mequinenza, Valdeltormo, Calanda, Fuentespalda, Molinos y Valjunquera. La forma de actuar del plan tendrá seis fases de ejecución, comenzando por una primera de detección o sospecha de existir el bicho.

Una segunda de inspección a cargo de las autoridades fitosanitarias y una tercera que incluye las medidas a adoptar para la erradicación: delimitación del área infestada, eliminación de todos los árboles de esa zona y establecimiento de una zona tampón. Los trabajos tendrán que realizarlos los propietarios de los cultivos, en caso contrario, la Administración procederá a la ejecución forzosa de los mismos cargando los gastos correspondientes. Los agricultores recibirán una indemnización según la valoración que exista de sus árboles en el baremo oficial y estarán amparados por la circunstancia de fuerza mayor.