El Gobierno de Aragón presentará "una queja o un recurso" contra la decisión de la Generalitat de Catalunya de implantar un pago obligatorio a los transportistas en la carretera C-25 de Cervera a Girona.
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo aragonés, Rafael Fernández de Alarcón, lo ha anunciado hoy en el Pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de CHA Gregorio Briz.
En octubre del año pasado, la Generalitat aprobó implantar en 2014 en el Eje Transversal, la carretera C-25, un nuevo peaje para camiones, la denominada euroviñeta, que grave el tráfico pesado en función del grado de contaminación y de la utilización de esta infraestructura, y Briz se ha mostrado preocupado por cómo esta nueva tasa puede afectar a los transportistas aragoneses.
Fernández de Alarcón ha insistido en que se está estudiando el asunto "en profundidad" para poder ejercer las acciones que correspondan y evitar que los camiones que transportan mercancías con origen o destino en Aragón paguen este peaje.
Una vez que los servicios jurídicos emitan su informe, el consejero propondrá al Consejo de Gobierno de Aragón la presentación bien de una queja, bien de un recurso, contra esta medida.
Briz ha recordado que los transportistas aragoneses siempre se enfrentan al agrario de la dificultad de acceder a Europa, y en este caso no pueden usar otra vía más que la C-25, en tanto en cuanto el resto son autopistas de peaje.
