El pleno de las Cortes de Aragón rechazó ayer que se pueda quitar cautelarmente la patria potestad a los maltratadores que estén inmersos en un proceso penal iniciado por violencia machista o que estén condenados por esta causa hasta que se extinga su responsabilidad, como solicitaba IU y apoyó Podemos.
Sí aprobaron todos los grupos salvo Vox la adaptación del Código de Derecho Foral aragonés al Pacto de Estado contra la violencia de género en materia de asistencia psicológica a menores de 14 años, a instancias de la diputada Beatriz García, de Cs, y tras una Ponencia de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.
El dictamen de esta comisión recoge cuatro de las enmiendas presentadas por los grupos, mientras que la de IU llegó viva al pleno, en el que ha sido rechazada. El diputado de IU, Álvaro Sanz, defendió la propuesta de acuerdo a las demandas de la sociedad para que se avance en este sentido, por considerar que es «un buen momento» para hacerlo y defender que Aragón fuera «puntera» en la lucha contra la violencia machista
Según el dictamen aprobado, no será necesario el consentimiento de un progenitor inmerso en un proceso por violencia de género para autorizar la atención y asistencia psicológica de sus hijos menores.
Una modificación al derecho foral aragonés que han aprobado todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que ha vuelto a romper la unanimidad existente en torno a la violencia machista en las Cortes.
