El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado hoy por unanimidad pedir al Gobierno de Aragón que elabore el informe vinculante para poder mantener las competencias impropias que el consistorio presta en la actualidad y que por la nueva reforma local pasarían a ser ejercidas por la Comunidad.
Se trata, según ha dicho en su intervención el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, de una solicitud "muy importante" porque manifiesta que desde el Ayuntamiento se quiere "seguir prestando el servicio" a los vecinos.
Según Gimeno, la ley reguladora de las Bases del Régimen Local fija lo que son competencias propias o delegadas y además las que no son propias ni delegadas.
El objetivo de la norma es que no exista duplicidad para que se siga prestando el servicio y la sostenibilidad financiera, pero establece que se puedan ejercer las competencias siempre y cuando la Comunidad Autónoma presente un informe vinculante en el que afirma que se cumplen dichos supuestos.
El vicealcalde y responsable de las arcas municipales ha advertido de que si no se hiciera esta solicitud el Ayuntamiento "estaría abocado a dejar las prestación desde el 1 de enero".
El Gobierno autonómico tiene que contestar a cada una de las competencias si existe duplicidad y si existe suficiencia para prestarla.
Las competencias que presta actualmente el Ayuntamiento afectan a 760 empleos municipales y suponen un costo de 106 millones de euros.
Por esta ley se modifican las competencias de Medio Ambiente, que suponen un coste de 1,1 millones de euros y del que dependen 19 empleados públicos, así como la protección y defensa de los consumidores, valorado en 595.549 euros y con ocho empleados.
También las de Juventud, con un coste de 3,1 millones y 42 trabajadores; de Promoción de la Igualdad de Género, presupuestado en 2,7 millones y con 33,4 trabajadores, y del Instituto Municipal de Empleo Imefez y Zaragoza Activa, que cuestan 10,7 millones y dan trabajo a 185 personas.
Además de los servicios sociales, en los que están incluidos la ayuda a domicilio y teleasistencia, la cooperación al desarrollo, los centros de convivencia de mayores, los de prevención de adicciones, la Casa Amparo y la de las Culturas, las casas de acogida a mujeres víctimas de violencia y la atención a la infancia, entre otros, que tienen un coste de 55,3 millones y emplean a 218 personas.
En Educación se pierden las competencias de las escuelas infantiles y artísticas, de la universidad popular, de jardinería el Pilar y las aportaciones complementarias a la educación obligatoria, presupuestadas en 32,4 millones y de los que dependen 254,3 empleados públicos.
El concejal del PP Jorge Azcón ha asegurado que su interés es que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga el mayor nivel competencial posible "siempre y cuando" se pueda pagar" porque se corre el riesgo de que "quien mucho abarca poco aprieta".
Y es que, ha asegurado, "de esto de no pagar las facturas ustedes tienen tela de experiencia" y, aunque se ha mostrado a favor de la petición, ha advertido de que no está de acuerdo con los informes que ha realizado el área de Hacienda.
La sensación que tiene, ha asegurado, es que desde el equipo de Gobierno "intentan quitarse el mayor número de personal y competencias".
El portavoz municipal de IU, José Manuel Alonso, ha expresado su desacuerdo en solicitar la prestación de unas competencias que "por principio tendrían que serle propias", con una ley que "no fue debatida en el pleno de las Cortes", que solo se debatió en comisión y que "se modificó más de 25 veces por un partido que tenía mayoría absoluta en el Parlamento".
Tampoco, ha dicho, está de acuerdo en que la autonomía municipal no tenga rango suficiente en la Constitución, ni en que la administración "más inmediata" con la ciudadanía no haya tenido clara su financiación desde los orígenes de la democracia, ni con la carencia de importancia que se ha dado a las leyes que desarrollan la autonomía municipal.
Carmelo Asensio, de CHA, ha expresado su rechazo a la ley pero ha justificado su apoyo a la petición para ver si existe o no duplicidad en la prestación de servicios y contar con el correspondiente informe para saber si incurriría en la estabilidad económica.
Asensio se ha mostrado a favor de seguir prestando esas veinticinco competencias y que la intención es "evitar males mayores y el colapso de este ayuntamiento".
