Apenas ha habido que esperar unos minutos para conocer las primeras conclusiones de la hostelería aragonesa, que se ha reunido en pleno con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para tratar de encontrar una salida a este sector que, según todos, es el más castigado por la crisis. El asunto irá a peor, han deducido rápido, al notar que los responsables institucionales les daban «largas» al tratar los asuntos más peliagudos y escuchar de boca del propio presidente que la DGA tiene muy pocos recursos en estos momentos. Se salvarán pocos del nuevo nivel de alerta, que condena a un número altísimo de locales a la ruina al carecer de terraza. «Hasta el momento las cosas iban mal, pero a partir de ahora comienza la escabechina», resumieron, dando por hecho que serán muchos los que bajen la persiana y no la vuelvan a subir nunca.

«La sensación es de desánimo, decepción y desaliento. La convocatoria la tildamos de tibia y vacía de contenido. Confiábamos en que se hubiera hecho un plan de medidas económicas sólido que permitiera amortiguar el impacto económico que las reiteradas medidas de restricción vienen originando en los negocios, sobre todo tras el anuncio del paso a la situación de nivel de alerta sanitaria 3, pero no ha sido así», ha explicado José María Marteles, presidente de Cafés y Bares.

Es este categoría de bares, denuncian, el único que no ha recibido ayuda alguna hasta la fecha, al no entrar en el epígrafe de cafeterías, restaurantes o alojamientos, que si tuvieron un empujón procedente del área de Turismo. Conforma también el grupo más numeroso, al tiempo que el más desprotegido y con menos capacidad para endeudarse. «Exigimos que antes de adoptar medidas restrictivas se aprobara un plan de rescate, y nuevamente hemos recibido un mensaje de empatía y aliento, pero ninguna medida efectiva».

Esperaban más de la reunión, no hay duda. Al menos un punto de luz. «La inactividad de la Administración hasta la fecha es alarmante y denota una total falta de previsión. Las empresas están al límite de su capacidad y el compromiso institucional es inexistente, nos sentimos totalmente abandonados», insistió Marteles, seguro de que si no se adoptan medidas con carácter de urgencia, «el grueso de los negocios del sector cerrarán definitivamente en los próximos meses y las consecuencias económicas serán severas y de difícil cuantificación».

Lo que esperaban desde los distintos sectores eran propuestas como las que ya se ven en otras comunidades autónomas. El Govern catalán, por ejemplo, ha intervenido el mercado de alquiler para ayudar a bares, restaurantes y comercios. Ayer aprobó un decreto ley para tratar de ayudar a los establecimientos a lidiar con las consecuencias económicas de las restricciones parciales o totales al ejercicio de su actividad. El texto decreta la reducción del alquiler hasta el 50% si la actividad está suspendida; y si no está suspendida pero sí limitada, una rebaja proporcional (en base a la reducción de aforo u horarios del negocio. Lo que no esperaban es «continuos cambios de criterio normativos, de medidas aplicables... Eso denota una improvisación pasmosa y preocupante».