En un mundo en el que las tecnologías avanzan de forma meteórica, la extracción de carbón para la generación de energía parece algo del siglo pasado. La lógica y el devenir de los acontecimientos llevan a pensar que la minería avanza hacia su defunción en España. Ya lo hacía de forma inexorable en los últimos años, pero las intenciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no dejan lugar a las dudas. «Mantener el carbón no tiene sentido», subrayó hace apenas unos días en el Congreso de los Diputados, donde también calificó la minería como «algo trasnochado». Quizá tenga razón, pero la decisión no es tan sencilla. Y, por supuesto, no puede ser una decisión tan drástica e inminente.
Intereses
El fin del carbón encierra muchas aristas porque detrás hay intereses políticos, económicos, estratégicos y, sobre todo, porque este mineral representa el sustento de territorios y familias. Y ese cóctel no se puede beber de un trago, señora Ribera.
Desde la perspectiva política nadie quiere oficiar la misa de funeral del carbón porque tiene un alto coste político. Eso sí, todos los partidos son conscientes de que este mineral, tarde o temprano, morirá como recurso energético. En los próximos meses asistiremos en Aragón a un carrusel de reproches entre PP y PSOE (no faltarán el resto de formaciones en la disputa) con el único fin de arañar votos en una provincia y una comarca (la de Andorra) apartadas de la agenda política cotidiana. Es una pena que la minería se haya utilizado de forma cortoplacista cuando en realidad debería haberse erigido en un factor estratégico para Aragón.
Lo datos son tozudos. El Plan del Carbón 2013-2018 (el de menor cuantía de las últimas décadas) supondrá una inyección de recursos de 100 millones para Aragón, a través de ayudas a las empresas y del pago de prejubilaciones. La historia se ha repetido en las últimas décadas, pero nadie ha sabido encauzar esos recursos para dar futuro a las zonas mineras.
¿Algún gobierno autonómico se ha preocupado y ocupado de trazar un plan estratégico a largo plazo para dar una alternativa a las cuencas mineras? ¿Alguien ha sondeado qué relevo económico hay para una zona que, si nadie lo remedia, está llamada a convertirse en un páramo?
El carbón se va a convertir en uno de los caballos de batalla en las elecciones autonómicas, pero no temo equivocarme cuando pienso que serán pocas las soluciones lúcidas que vean la luz . Mientras, cientos de familias intentarán que la agonía se prolongue un poco más para que no les toque a ellos cerrar el ataúd y buscar nuevos horizontes, por supuesto, lejos de la comarca de Andorra. Porque, por ahora, no hay alternativas y porque la cuenta atrás no se detiene. El 2020 está a la vuelta de la esquina
Costes y contaminación
El tiempo se agota a la misma velocidad a la que el Ministerio de Transición Ecológica envía mensajes para la desesperanza de la provincia de Teruel. Los costes y el medio ambiente son los grandes argumentos para eliminar el carbón.
El precio de la tonelada ha pasado de 53 a 76 euros en dos años y el coste de la tonelada de CO2 se ha elevado de 5 a 25 euros, algo «inasumible» para el actual Gobierno. La ministra ya puso números a esta factura: los combustibles fósiles supondrían un coste de 400.0000 euros hasta el año 2030. Desde la perspectiva medioambiental, la central térmica de la localidad de Andorra genera casi dos tercios de las emisiones de CO2 de toda la industria de Aragón. Son datos demoledores.
Dudas razonables
Pese a ello, hay un buen puñado de dudas razonables en el horizonte. ¿Qué relevo va a existir para este mineral, cuyo peso en el mix energético es del 18%? ¿A qué se recurrirá cuando deje de soplar el viento o haya escasez de precipitaciones como ya ocurrió el pasado año?
La falta de relevo al carbón preocupa, no solo por la escasa diversificación energética de España sino también porque supondrá un aumento de la factura eléctrica. El cierre inmediato de la quema del mineral elevaría el coste para el consumidor entre un 5 y un 10% dependiendo del operador de este mercado.
Por ahora, las minas de Samca y la térmica de Andorra ejercen de salvavidas de la comarca de Andorra. Su hipotético cierre será compensado, a buen seguro, por el Gobierno. Y, por supuesto, las zonas afectadas recibirán ayudas del Ejecutivo central cuando eso suceda.
Pero la gran cuestión es trazar un plan para la zona. Claro, concreto y con financiación. Y ejecutarlo, sin más dilación, antes de que sea demasiado tarde.
