Un rocambolesco conflicto de intereses entre empresas parece estar detrás del cierre que sufrió ayer por unas horas el centro de día y de convivencia para mayores de San José. Sus usuarios se vieron obligados a marcharse a casa porque por la mañana, al abrir las puertas, se dieron cuenta de que las instalaciones no tenían suministro de luz. Unas consecuencias nefastas para un equipamiento público al que están abonados unos 7.000 habitantes de Zaragoza, entre ellos personas asistidas y que necesitan de esta ayuda. Aunque solo durara unas cinco horas, ya que reabrió sus puertas a las 14.30 horas después de una frenética intervención de la DGA que casi acaba en comisaría.

Era imposible poner en funcionamiento el servicio. No había luz y las alarmas saltaron cuando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) conoció que lo que en realidad pasaba era que se había dado de baja el contrato. Al principio, los vecinos creían que la situación la habrían causado los impagos de los recibos, según apuntaron desde la junta directiva vecinal de San José, una versión que fuentes oficiales de la DGA negaron tajantemente. Argumentaron que se debía a "una disputa entre la antigua empresa gestora y la nueva, a la que debía hacer el traspaso de la gestión esta semana". Aunque la explicación que desde el propio centro daban a los usuarios apuntaban a "una avería" técnica.

INVESTIGACIÓN "La DGA paga todas las facturas, pero la empresa que lo gestionaba ha decidido dar de baja el contrato. Es intolerable y tomaremos medidas", aseguraron desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. La directora del IASS, Cristina Gavín, estaba dispuesta a denunciar los hechos a la Policía Nacional. "Es denunciable y la sorpresa ha sido mayúscula. Se le pedirán explicaciones a la empresa, y si no justifican lo ocurrido tendrá consecuencias", apuntaron desde la DGA. Entre ellas, no se descarta que pierda la gestión de otros centros. "No se pueden tolerar actitudes como estas cuando trabajan para la Administración", añadieron.

Pero la denuncia no se interpuso porque la compañía recuperó el suministro en una actuación que, en otros casos, suele tardar cinco días. Aún así, la investigación seguirá su curso y las molestias ya se han causado.