A menos de siete meses de las elecciones municipales y autonómicas y conscientes del hartazgo ciudadano ante la sucesión de casos de corrupción, buena parte de las comunidades autónomas ultiman planes y leyes para fomentar la transparencia de la gestión pública y combatir el fraude.
Tras la estela del Gobierno central, que acaba de aprobar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como desarrollo de la Ley de Transparencia, los gobiernos autonómicos se afanan en sacar adelante sus propios planes antes de la cita con las urnas.
De este modo, pretenden acortar la distancia que separa a los ciudadanos de la Administración, un camino en el que ya se han dado pasos importantes, según el último informe de Transparencia Internacional, que señala que la nota conjunta de las autonomías en esta materia es de 88,6 sobre 100, cuando dos años antes era de 79,9.
En este contexto, el PP celebrará mañana y pasado mañana en Cáceres una convención sobre las buenas prácticas en los gobiernos autonómicos, de la que previsiblemente saldrá una política común de buen gobierno y transparencia.
Esta misma semana, el Gobierno de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, ha anunciado una iniciativa para promover una ley estatal "antisobornos" y la puesta en marcha de una política interna con ese mismo objetivo, en tanto que la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy mismo un proyecto de ley de Transparencia y Participación Ciudadana.
Una ley que ya rige en Andalucía, donde se aprobó por unanimidad en junio y donde esta misma semana se han publicado los estatutos del Consejo Andaluz de la Transparencia y Protección de Datos, que empezará a funcionar en el primer trimestre de 2015 junto con un portal en el que se detallarán las subvenciones concedidas y los contratos firmados.
También se tramitan o están en cartera leyes similares en Canarias, Euskadi, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha o Galicia.
Además, Baleares, Cantabria, Aragón o Euskadi se han dotado de códigos de buen gobierno y Cataluña de un código ético y de buenas prácticas además de un portal -"transparencia.gencat.cat"- en el que se publican los sueldos de los miembros del Govern y los contratos públicos y subvenciones.
Por lo general, las normas anunciadas o aprobadas buscan que los ciudadanos puedan conocer cómo y con quién contrata su administración, los sueldos de los cargos públicos e incluso de los funcionarios y de los liberados sindicales.
También se dotan de códigos sancionadores que, en el caso del proyecto de ley de Buen Gobierno que tramita el Gobierno asturiano, obliga a los altos cargos a poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier incumplimiento legal del que tengan conocimiento, bajo amenaza de ser inhabilitados si no lo hacen.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la ley en tramitación incluye un mecanismo para regular la retribución variable de los altos cargos en función del cumplimiento de sus objetivos.
Tanto en esa comunidad como en Castilla-La Mancha se trabaja además en plataformas telemáticas que permitan a los ciudadanos hacer propuestas y sugerencias.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no prepara ninguna medida de control, pero fuentes del equipo de Ignacio González recuerdan las medidas que ha anunciado el PP de Madrid para realizar controles previos e internos a los integrantes de las candidaturas electorales.
En concreto, el PP de Madrid ha anunciado que exigirá a quienes quieran ser candidatos que presenten de forma previa su currículum, su sueldo y su declaración de bienes e intereses, entre otros controles.
Madrid es precisamente la comunidad menos transparente de España según el Índice de Transparencia Internacional, que sitúa a Cataluña, País Vasco y Castilla y León en los primeros lugares de la lista.
