La entrada en concurso de acreedores de la empresa de servicios de seguridad Ombuds hace peligrar los empleos de 170 trabajadores en Aragón que trabajan para clientes como Dana, Adiego, Zufrisa, Zaragoza Deporte Municipal, Correos Carreras, Instalaza, RTVE y Carrefour, entre otras compañías. Así lo señalaron ayer los sindicatos UGT y CCOO en un comunicado, en el que anunciaron que las entidades financieras «han cerrado las líneas de crédito» que permitían a Ombdus abonar los salarios de sus empleados, así como otras obligaciones a corto plazo.
En España, las divisiones de seguridad y de servicios auxiliares dan empleo a un total de 7.000 trabajadores, de los que 170 se encuentran en Aragón. La empresa, controlada por el fondo de inversión estadounidense JZI y la familia Cortina, adeuda la nómina de junio y la paga extra de julio a sus más de 7.000 trabajadores. Durante la pasada semana trataron de negociar sin éxito un acuerdo con el Santander, CaixaBank y Credite Agricole que le permitiera abonar sus trabajadores.
MOVILIZACIONES
Por todo ello, el comité de empresa de la compañía en Zaragoza llevará a cabo movilizaciones los días 31 de julio y 2 y 6 de agosto para protestar por la actual situación y reclamar que la empresa cumpla con sus obligaciones. En concreto, se han previsto concentraciones frente a la sede de la DGA (31 de julio), junto a la delegación de Ombdus en Zaragoza, en la calle Pablo Garballo, 100 (2 de agosto) y en el paseo Independencia (6 de agosto).
En Aragón, los 170 trabajadores de Ombdus, tanto vigilantes de seguridad como auxiliares de servicios de UGT Aragón y CCOO de Construcción y Servicios, personados ya en el concurso de acreedores en interés de los trabajadores, instan a las administraciones públicas y los clientes privados de Ombdus a resolver sus contratos con la empresa como la mejor vía de mantener los empleos y el cobro de salarios, según apuntan en un comunicado.
DE BENEFICIOS A PÉRDIDAS
Según el sindicato Alternativa Sindical, Ombuds mantiene con la Agencia Tributaria una deuda de más de 40 millones. En tan sólo dos años, la empresa ha pasado de obtener unos beneficios de más de 460.000 euros a acumular unas pérdidas de 5,9 millones, añaden.
Las organizaciones sindicales consideran que los empleados son de nuevo las «víctimas colaterales de un management empresarial basado en la maximización de valor de la acción», una forma de operar en el mercado «absolutamente temeraria pero que provoca un enriquecimiento rápido de los poseedores de los títulos». En este modelo de negocio, anaden las organizaciones sindicales, «brilla por su ausencia una planificación prudente y una gestión profesional».
Este modelo de gestión, «no ajeno al modelo imperante en el sector servicios, se distingue también por practicar una competición encarnizada entre las empresas para acceder a contratos de seguridad, tanto en administraciones públicas como con clientes privados». En este sentido, tanto UGT como CCOO señalan que hacer «ofertas temerarias», en las que luego no se puede soportar ni el coste de la mano de obra, lleva a que las empresas con poco músculo financiero, o a que «se les corten las líneas de descuento, no aguanten y acaben por transferir todo el riesgo empresarial a sus acreedores, entre ellos y los más importantes, los trabajadores».
