El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha iniciado los trámites para la apertura de expedientes disciplinarios a aquellos agentes de la Policía Local que se hubieran "excedido" en sus funciones en los últimos días, como los que realizaron inspecciones en autobuses obligando a los viajeros a abandonar el vehículo. El consistorio señaló también, a través de un comunicado, que podría haber habido "exceso de celo" en la imposición de denuncias a ciclistas.
El ayuntamiento recordó que, como ya explicó el pasado jueves, se han detectado entre algunos agentes "actitudes que habrían sobrepasado los límites de lo que se considera razonable a la hora de ejercer su labor preventiva y sancionadora". Estas se enmarcan en las acciones de presión, impulsadas por el sindicato CSL y a las que se adhirió CSIF, para forzar al consistorio a negociar sus condiciones de trabajo.
El ayuntamiento recordó que los autobuses de AUZSA están obligados, "como no podría ser de otro modo", a superar las correspondientes revisiones técnicas oficiales (ITV) que garanticen la seguridad y correcto funcionamiento, por lo que no estarían justificadas las inspecciones por pérdida de aceite o exceso de humo que realizaron los agentes.
Fuentes municipales señalaron también que, "desoyendo" las órdenes recibidas, algunos agentes podrían haber denunciado a ciclistas que, si bien cumplían con los preceptos establecidos en la ordenanza municipal, incumplían alguno de los puntos derogados por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)".
En este caso, y durante un período que se había fijado en 15 días naturales a partir de la publicación de dicha sentencia, los agentes deberían haber realizado una labor de información y prevención, en lugar de la sanción directa.
Por todo ello, el consistorio confirmó que va a investigar esas denuncias para, en los casos en los que se considere suficientemente demostrado, proceder a su anulación.
SIN MOTIVOS El secretario de Información del sindicato CSL, Juan Luis Mendoza, señaló ayer que a su juicio "no hay motivos" para anular estas sanciones, aunque serán los propios agentes quienes las retiren de oficio si en los análisis de los boletines se encuentran faltas de justificación. Reiteró también que sus servicios legales estudiarán si estas órdenes municipales de no multar durante dos semanas se ajustan a la legalidad.
Además, el sindicato pondrá a disposición de los agentes a los abogados necesarios para tratar el asunto de las sanciones. Dependiendo de cómo avancen las negociaciones con el consistorio la próxima semana --tienen previsto un encuentro el jueves--, podrían tomar otras medidas. En cualquier caso, Mendoza lamentó que el consistorio utilice la amenaza de sanciones como forma de negociación.
El sindicato prepara además una caja de resistencia con aportaciones voluntarias de los agentes con las que pagar, en su caso, las sanciones impuestas a los agentes en el cumplimiento de sus funciones.
